El Juzgado de Garantía de Coronel ha dictado medidas cautelares para tres tripulantes de la embarcación Cobra, involucrados en un accidente que dejó a siete pescadores de la lancha Bruma afectados el 30 de marzo de 2025, cerca de la isla Santa María, en la Región del Biobío. La Fiscalía Regional del Biobío ha imputado a los tripulantes por el delito de homicidio culposo, solicitando arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional como medidas cautelares.
Durante las audiencias de formalización, que se llevaron a cabo en tres jornadas, los querellantes pidieron que el arresto domiciliario fuera total, además de las medidas de arraigo. En un hecho sin precedentes, el tribunal también formalizó a la empresa Blumar, propietaria del Cobra, por su supuesta responsabilidad en el accidente, solicitando para ella una medida de supervisión. Sin embargo, el tribunal determinó que las medidas cautelares para los tripulantes, identificados como el capitán Roberto Mansilla, el operador Luis Macaya y el vigía Jaime Sandoval, serían de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos y con la empresa Blumar.
El tribunal justificó la falta de medidas cautelares para la empresa al no encontrar “graves falencias en el modelo de prevención del delito” que establece la ley 20.393, vigente en el momento del accidente. Además, se estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, que ha sido denominada “caso Bruma”.
El abogado defensor de los tripulantes, Alejandro Espinoza, expresó su satisfacción con la resolución, afirmando que las medidas de prevención implementadas por la empresa eran adecuadas y que el tribunal las había considerado como tales. Por su parte, el abogado querellante Rafael Poblete ha decidido esperar el texto completo de la sentencia antes de decidir si apelará, mientras que otro abogado querellante, Enrique Hernández, no descartó llevar el caso a la Corte de Apelaciones.
Este accidente ha marcado un hito en la historia comercial de las familias Bazzo y Consigliere, quienes han visto el fin de 118 años de actividad en el sector. En el contexto de la formalización, se ha informado que de los 359 funcionarios públicos que serán formalizados, solo seis asistieron a la citación debido a un error en las notificaciones.
