La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado serias irregularidades en la emisión y renovación de licencias de conducir en las municipalidades de La Granja y San Ramón, ubicadas en la Región Metropolitana de Chile.
El informe de la CGR indica que en La Granja, se otorgaron licencias a tres individuos que se encontraban cumpliendo penas privativas de libertad, lo que infringe la Ley de Tránsito, que requiere la realización presencial de evaluaciones sensométricas y psicométricas. Además, se identificó que 884 personas condenadas entre 2018 y 2024 obtuvieron permisos de conducir en esta comuna, tras un cruce de datos con el Servicio de Registro Civil e Identificación. También se detectó que 83 licencias fueron entregadas a personas registradas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, quienes mantenían deudas vigentes que sumaban un total de $11.111,911 UTM.
El informe destaca que hubo cinco casos en los que funcionarios municipales intervinieron en el proceso de otorgamiento de licencias para familiares, participando en los exámenes prácticos, aprobando evaluaciones médicas y autorizando licencias en su calidad de director de tránsito y transporte público.
En San Ramón, se observó un caso similar, donde se otorgó una licencia de conducir a una persona que también estaba cumpliendo una condena privativa de libertad. En respuesta a estas irregularidades, la Contraloría ordenó la paralización del sumario iniciado por el municipio y el envío del expediente a la institución fiscalizadora. Además, se identificaron 73 permisos otorgados a personas condenadas entre 2023 y 2024, lo que también contraviene la normativa vigente.
Asimismo, se constató que 55 licencias fueron entregadas a solicitantes que estaban inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La auditoría reveló que se otorgaron licencias sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos en las evaluaciones, como el test de coordinación motriz, agudeza visual, y otros exámenes necesarios para garantizar la aptitud de los conductores.
El informe también criticó el manejo documental en el municipio, evidenciando un almacenamiento deficiente de los expedientes, que se encontraban en contenedores tipo bodega, apilados en el suelo o en estantes improvisados, incluyendo licencias vencidas y en mal estado, sin un orden adecuado de archivo.
