La Contraloría General de la República (CGR) ha comenzado una fiscalización nacional para investigar el robo y la comercialización ilegal de cables eléctricos en Chile. Esta acción se formalizó mediante oficios enviados el 14 de marzo, donde la CGR solicitó información a diversas entidades, incluyendo la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos (SII), Aduanas, la Policía de Investigaciones (PDI), la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Ministerio de Energía. Las instituciones tienen hasta el 28 de marzo de 2025 para proporcionar la información solicitada, según lo indicado por la CGR.
Detalles de la fiscalización
La decisión de la CGR de llevar a cabo esta fiscalización se enmarca dentro de la planificación de auditorías de este organismo de control. Entre la información requerida, se solicita que los servicios públicos indiquen si han realizado fiscalizaciones relacionadas con el robo de cables eléctricos entre 2023 y 2024. Además, deben verificar si han controlado el origen de los productos que se adquieren, comercializan o funden. También se les pide detallar las sanciones impuestas por hallazgos en sus fiscalizaciones y mencionar las investigaciones que tienen planificadas para el presente año.
Impacto del robo de cables eléctricos
En el contexto de esta fiscalización, se han reportado millonarias pérdidas por parte de empresas distribuidoras debido al robo de cables conductores. Por ejemplo, la empresa CGE denunció el hurto de más de 225 kilómetros de cables de cobre desde sus instalaciones durante el año 2024. Esta compañía, que presta servicio a 3,2 millones de clientes desde Arica hasta La Araucanía, identificó las regiones más afectadas como Coquimbo (43.028 metros), Maule (34.696 metros) y Tarapacá (29.889 metros).
El robo de cables no solo interrumpe el suministro eléctrico, sino que también causa daños a postes, transformadores y otra infraestructura crítica. Matías Hepp, director de operaciones de CGE, advirtió que el robo de cables ha experimentado un aumento exponencial en los últimos años. Hepp exigió una mayor acción estatal, afirmando que “es necesario perseguir y desarticular a estas bandas, ya que su accionar afecta directamente a miles de familias a lo largo del país”.
Operaciones delictivas y consecuencias
Hepp también detalló que los grupos delictivos que perpetran estos robos operan con camiones, camionetas y armas, atacando puntos de manera recurrente, lo que dificulta la capacidad de respuesta de las empresas afectadas. La magnitud del problema se evidencia al comparar los 225 kilómetros robados, que equivalen a la distancia entre Santiago y Los Vilos, con el impacto económico que esto genera. Por ejemplo, solo la reparación de un incidente en Coya, en la región de O’Higgins, costó $500 millones.
Hepp enfatizó las consecuencias sociales de estos robos, indicando que cada interrupción del suministro eléctrico provoca la paralización de actividades en empresas y servicios públicos, la suspensión de clases en colegios y riesgos para la seguridad de la población. Además, la empresa CGE ha interpuesto denuncias ante Carabineros y el Ministerio Público, así como acciones legales para perseguir a los responsables de estos delitos.
