La Contraloría General de la República ha solicitado a la Presidencia un informe sobre los protocolos sanitarios tras la viralización de un video de la Primera Dama, María Pía Adriasola, sirviendo alimentos sin protección personal.
El requerimiento se produce después de que el diputado Daniel Manouchehri denunciara la falta de medidas de higiene en el casino del Palacio de La Moneda. En su denuncia, Manouchehri cuestionó la manipulación de alimentos por parte de la Primera Dama, quien fue grabada el 12 de marzo de 2026 sirviendo platos de arroz con pollo a funcionarios públicos sin el uso de mascarilla ni guantes, a diferencia del resto del personal que sí cumplía con las normas de seguridad alimentaria.
La Contraloría ha otorgado un plazo de 10 días hábiles a la Presidencia para que entregue los antecedentes requeridos. En el oficio, el organismo contralor ha solicitado copia de las instrucciones internas que regulan el acceso a las áreas donde se manipulan alimentos, con el fin de determinar si se han infringido las normativas vigentes en la sede del Ejecutivo. La Contraloría también ha solicitado información adicional a la Subsecretaría de Salud Pública, la Seremi de Salud Metropolitana y el Instituto de Salud Pública (ISP) para abordar adecuadamente la situación.
Manouchehri, del Partido Socialista, ha subrayado la importancia de seguir los protocolos sanitarios básicos, afirmando que “la manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo. Son protocolos sanitarios básicos. En La Moneda también deben cumplirse”. El diputado ha instado a investigar las responsabilidades administrativas, enfatizando que “el Estado funciona con reglas. La Moneda no es un fundo”.
El debate generado en redes sociales ha polarizado opiniones, con algunos defendiendo el gesto de la Primera Dama como un acto de cercanía y sencillez, mientras que otros lo consideran una violación a las normas de higiene institucional.
El Gobierno tiene un plazo de 10 días hábiles desde la recepción del oficio para presentar su respuesta formal ante la Contraloría, la cual deberá ser elaborada con la intervención de la asesoría jurídica de la entidad para asegurar que se cumplan las normas reglamentarias aplicables.
