La Contraloría General de la República ha emitido un nuevo instructivo para los ministros del gobierno de José Antonio Kast, enfatizando la importancia de la legalidad y el interés público.
El 27 de marzo, la Contraloría, liderada por Dorothy Pérez, publicó el documento IN14/2026, que establece directrices claras para los miembros del gabinete. En este instructivo, se recuerda a las autoridades que deben actuar con apego a la legalidad y priorizar el interés público sobre el privado, además de mantener una conducta intachable en el ejercicio de sus funciones.
Uno de los aspectos más destacados del instructivo es el deber de abstención, que prohíbe a los ministros participar en decisiones donde existan conflictos de interés, incluso si estos son solo potenciales. La Contraloría advierte que la repetición de tales situaciones podría comprometer el correcto ejercicio del cargo y generar observaciones sobre la designación de la autoridad involucrada.
El documento también establece obligaciones en relación con la Declaración de Intereses y Patrimonio, que debe ser presentada dentro de los 30 días posteriores a la asunción del cargo y actualizada anualmente en marzo. La Contraloría ha señalado que se llevará a cabo una fiscalización rigurosa sobre la oportunidad, integridad y veracidad de estas declaraciones, advirtiendo que el incumplimiento podría resultar en multas o incluso en la destitución en casos graves o reiterados.
En cuanto a la administración de bienes, se instruye a las autoridades a delegar la gestión de sus inversiones o enajenar bienes cuando exista un riesgo de conflicto de interés. Esto incluye la obligación de transferir la gestión de activos financieros a terceros o vender participaciones en empresas que tengan vínculos con el Estado, como proveedores o concesionarias.
El cumplimiento de la Ley de Lobby también es un punto clave en el instructivo, que exige mantener actualizados los registros de agenda pública, incluyendo reuniones, audiencias, viajes oficiales y donativos, los cuales deberán ser publicados mensualmente. Además, se refuerza la prescindencia política, prohibiendo la realización de actividades políticas dentro de las dependencias públicas o utilizando recursos del Estado.
Finalmente, el instructivo introduce nuevas exigencias, como la obligación de someterse a exámenes periódicos de detección de consumo de drogas, cuyos resultados deberán ser públicos. La Contraloría concluye el documento subrayando que todas estas disposiciones deben ser cumplidas estrictamente y que su aplicación será objeto de fiscalización conforme a sus atribuciones legales.
