Durante la jornada de este viernes 12 de septiembre, la Contraloría General de la República reveló que se han detectado a otros 10.805 funcionarios públicos que salieron de Chile mientras se encontraban con licencia médica. De acuerdo con la información proporcionada por el organismo fiscalizador, esta nueva cifra se suma a los 25 mil casos que fueron informados en mayo pasado, lo que podría implicar el uso irregular de 15.257 licencias médicas. Estas licencias fueron emitidas entre 2023 y 2024, de las cuales el 76% corresponde a Fonasa y el 24% a Isapres.
El informe detalla que los titulares de las más de 15 mil licencias habrían realizado 26.606 entradas y salidas del país. En total, se registran 67 funcionarios que tienen entre 16 y 30 entradas y/o salidas, mientras que 30 funcionarios han realizado más de 30 entradas y/o salidas del país. El análisis también señala que tanto en 2023 como en 2024, los viajes al extranjero se concentraron principalmente en el último trimestre, es decir, entre octubre y diciembre.
Respecto a los servicios a los que pertenecen los funcionarios que habrían incumplido su periodo de reposo, estos pertenecen a 442 entidades públicas de diversas regiones. De estas, el 67% corresponde a servicios de salud y hospitales, un 15% a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un 11% a municipalidades, corporaciones y direcciones municipales, un 4% a establecimientos educacionales, y un 3% a otros tipos de servicios.
Entre los casos destacados se encuentran el Servicio de Salud Magallanes con 1.258 licencias, SLEP Chinchorro con 1.065 licencias, Servicio de Salud del Reloncaví con 780 licencias, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota con 692 licencias, Dirección Servicio de Salud Aysén con 553 licencias, y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta con 517 licencias.
La Contraloría ha indicado que esta información será remitida a cada servicio, así como a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que se tomen las acciones que correspondan.
