La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) anunció la salida de la prefecta general Consuelo Peña de su cargo como subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, lo que ha generado un intenso debate político sobre las razones detrás de esta decisión.
El comunicado emitido por la PDI el domingo por la noche no especificó los motivos de su retiro, limitándose a agradecer sus años de servicio y a informar sobre su reemplazo. Peña, quien ocupaba el tercer puesto en la jerarquía de la policía civil desde diciembre de 2025, fue vista como una figura clave en la institución. Sin embargo, su salida ha sido interpretada como un movimiento político, con el senador Iván Flores (DC) señalando a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert (IND), como la responsable de esta decisión. Flores comentó que “parece que (Steinert) todavía actúa como fiscal y no como ministra”, sugiriendo que la ministra no estaba satisfecha con ciertos cambios en la PDI.
La controversia se intensificó cuando se reveló que, solo dos días después de asumir su cargo, Steinert había solicitado al director de la PDI, Eduardo Cerna, información sobre el traslado de funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de Tarapacá, una unidad que había estado bajo su mando durante una investigación contra el “clan Chen”. Este hecho ha llevado a algunos dentro de la PDI a considerar la salida de Peña como una especie de ajuste de cuentas por parte de la nueva ministra.
Además, se ha informado que Steinert también indagó sobre una denuncia presentada por Peña relacionada con el hallazgo de drogas en el domicilio que compartía con su hijo, quien fue testigo en el caso. Según Biobío Chile, fue Steinert quien solicitó la remoción de Peña el 20 de marzo, sin notificar a La Moneda, y la decisión se concretó el domingo, justo después de que Peña dirigiera una operación en Arica.
En su defensa, Steinert afirmó en la Comisión de Seguridad de la Cámara que la decisión de retirar a Peña fue tomada por la PDI y no por ella. “Ella llevaba más de 30 años de servicio. Eso es lo que puedo decir”, declaró la ministra. Sin embargo, la falta de claridad sobre el proceso ha llevado a cuestionamientos sobre el conocimiento del presidente José Antonio Kast respecto a esta decisión.
Parlamentarios han defendido la trayectoria de Peña, destacando su carrera como “intachable” y reconocida a nivel nacional. El diputado Jaime Araya (IND-PPD) también subrayó su larga trayectoria y reputación en la institución. Flores, crítico de Steinert, argumentó que la ministra había “faltado a la norma” al solicitar información sobre investigaciones en curso, lo que podría comprometer la integridad de las mismas.
Durante su intervención, Steinert defendió su solicitud de información, afirmando que actuó dentro de sus competencias y citando artículos de la ley que crea el Ministerio de Seguridad que le otorgan la facultad de requerir antecedentes a las fuerzas policiales. La situación ha generado un debate sobre el papel del nuevo ministerio y su relación con las investigaciones reservadas, un tema que sigue siendo objeto de discusión en el ámbito político y de seguridad en el país.
