El malestar en el Congreso de Chile aumenta ante la falta de una postura clara del Ejecutivo sobre el proyecto que busca eliminar las multas por circular sin TAG. La iniciativa, que fue aprobada en general la semana pasada, ha generado inquietud en el ámbito político, así como entre las concesionarias y los municipios, debido a sus posibles repercusiones fiscales y operativas en el sistema de peajes.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, declaró a El Mercurio que el Gobierno aún no ha decidido los pasos a seguir respecto a esta propuesta. A pesar de que el Ejecutivo ha manifestado su oposición al proyecto, no ha intervenido activamente en su tramitación legislativa, lo que ha suscitado descontento tanto en el oficialismo como en la oposición.
Desde el Congreso, figuras como el diputado del Frente Amplio, Jaime Saéz, y el republicano Juan Irarrázaval, han instado al Gobierno a clarificar su posición. La falta de una respuesta definitiva ha llevado a cuestionamientos sobre la inacción del Ejecutivo, que ha optado por esperar mientras evalúa la posibilidad de insistir en la inconstitucionalidad de la propuesta, un tema que ya había sido abordado en una minuta del Gobierno en abril.
El constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de la UC, Arturo Fermandois, subrayó que el sistema de cobro y las multas por el no pago constituyen un tributo, lo que implica que cualquier modificación debe ser impulsada exclusivamente por el Presidente de la República. En esta línea, el académico de la Universidad de Santiago, Felipe Lizama, coincidió al señalar que la exención de tasas o cargas en curso podría dar lugar a una reserva de constitucionalidad.
A pesar de las controversias, el proyecto, que es autoría del diputado Jaime Mulet, continuará su tramitación en la Comisión de Obras Públicas, donde ha sido objeto de indicaciones tras su paso por la Sala de la Cámara Baja.
