La Comisión Mixta del Congreso chileno aprobó un proyecto de ley que moderniza y fortalece el sistema de inteligencia del Estado, tras resolver las diferencias entre las dos Cámaras.
El proyecto, que ahora será sometido a votación en el Senado y la Cámara de Diputados, busca mejorar la defensa de la soberanía nacional y la seguridad pública. La iniciativa se enmarca en la necesidad de adaptar el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE) a los nuevos desafíos sociales y al contexto delictual actual, introduciendo cambios significativos en su organización y funcionamiento.
El senador Javier Macaya, presidente de la Comisión Mixta, destacó que “el Estado de Chile va a contar con una herramienta inédita, concebida en democracia”. Macaya subrayó que el sistema de inteligencia ha sido históricamente un tema controvertido, pero que en el contexto del crimen organizado y los delitos del siglo XXI, es necesario contar con una respuesta más efectiva que la mera persecución penal. “Esta norma es una herramienta distinta, es una respuesta diferente que está dando el Parlamento para otorgar una nueva mirada en lo que significa la inteligencia que requiere el Estado de Chile”, afirmó.
El senador Iván Flores, miembro de la Comisión de Defensa, también se pronunció sobre la importancia de esta legislación, indicando que “nos estamos colocando a la altura de los países que efectivamente son capaces de prevenir y combatir derechamente al crimen organizado”. Flores enfatizó que el nuevo sistema de inteligencia permitirá anticiparse mejor a las amenazas y mejorar la colaboración entre las fuerzas policiales y otras instituciones públicas para combatir el crimen organizado.
Por su parte, el senador Kenneth Pugh valoró los acuerdos alcanzados para establecer un sistema de inteligencia estatal que permita a Chile enfrentar las crecientes amenazas del crimen organizado. Pugh advirtió que este fenómeno es uno de los actores económicos más poderosos del mundo, capaz de corromper y desestabilizar.
El senador explicó que el nuevo sistema de inteligencia no se limita a la búsqueda de evidencia, como lo hace el Ministerio Público, sino que se enfoca en la obtención de información a través de fuentes abiertas y cerradas, lo que requiere técnicas de investigación especializadas. Para garantizar la legalidad de las medidas intrusivas, se ha establecido que un juez de la Corte Suprema autorice estas acciones, lo que representa un estándar más alto que el de los jueces de garantía.
Además, se han implementado mecanismos de control por parte de la Contraloría y una comisión de control en la Cámara de Diputados para supervisar las acciones de inteligencia, asegurando así la transparencia en el uso de recursos y la protección de los derechos de los ciudadanos. Esta ley, según Pugh, incluye controles que no se encuentran en ninguna otra legislación similar, lo que brinda tranquilidad a la población sobre el uso de los recursos destinados a la inteligencia.
