Un grupo de quince estados de EE.UU., junto al Distrito de Columbia y el gobernador de Pensilvania, ha presentado una demanda contra varias agencias federales por el bloqueo de fondos destinados a programas de infraestructura para estaciones de carga de vehículos eléctricos.
La acción legal se centra en la retención de financiamiento que, según los demandantes, ha sido realizada de manera inconstitucional. Los recursos en cuestión están relacionados con el Programa de Subvenciones Discrecionales para Infraestructura de Carga y Abastecimiento de Combustible (CFI) y el Programa Acelerador de la Fiabilidad y Accesibilidad de los Cargadores de Vehículos Eléctricos, ambos financiados por la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo (IIJA), aprobada en 2022.
Los demandantes argumentan que la administración federal no ha proporcionado justificaciones adecuadas para la suspensión de estos programas, y que las respuestas a las consultas de los beneficiarios han sido calificadas como dilatorias o inexistentes. La controversia se intensificó tras la emisión de una orden ejecutiva en enero, titulada “Liberando la Energía Estadounidense”, que instruyó a las agencias federales a pausar el financiamiento de iniciativas relacionadas con la electromovilidad mientras se realizaba una revisión administrativa. Esta orden también buscaba eliminar lo que se describió como un mandato de vehículos eléctricos, promoviendo en su lugar la elección del consumidor.
Los demandantes han expresado su escepticismo respecto a la terminología utilizada en la orden presidencial, argumentando que el gobierno federal nunca ha implementado formalmente un mandato de vehículos eléctricos. Según ellos, la paralización de los desembolsos de la IIJA se realizó bajo el pretexto de eliminar una figura que consideran ficticia.
Desde un punto de vista legal, los demandantes sostienen que las acciones del Ejecutivo constituyen un embargo, ya que el poder ejecutivo está reteniendo fondos que han sido asignados por el poder legislativo. Esta situación, según la demanda, infringe los principios de separación de poderes y no se ajusta a las normativas que regulan los embargos presupuestarios.
Este caso no es aislado, ya que en mayo, un grupo similar de estados había interpuesto una demanda contra la administración por el bloqueo de financiamiento del Programa Nacional de Fórmula para la Infraestructura de Vehículos Eléctricos (NEVI), que contaba con una asignación de 5 mil millones de dólares. En esa ocasión, el mismo tribunal que ahora conocerá la nueva causa otorgó una orden preliminar a favor de los demandantes, al considerar que el bloqueo de fondos presentaba indicios de ilegalidad.
