A partir de agosto de 2025, las llamadas telefónicas masivas en Chile deberán realizarse utilizando nuevos códigos de identificación: 600 para llamadas solicitadas y 809 para aquellas no solicitadas o de tipo comercial. Este cambio, que busca reducir el spam y proteger a los usuarios, ha generado un efecto colateral inesperado: un aumento en el endeudamiento de los consumidores.
Según un artículo de 24horas, las empresas de cobranza han reportado una disminución del 30% en su capacidad para recuperar deudas desde la implementación de esta normativa. Este fenómeno se debe a que las llamadas de seguimiento realizadas por estas compañías a menudo no son identificadas correctamente o son rechazadas por los usuarios, quienes las ven etiquetadas como “posible spam”.
Como resultado, muchas deudas vencidas no están siendo contactadas, lo que provoca un incremento en el saldo impago, así como un aumento en los intereses y moras, prolongando los procesos de cobranza y elevando el riesgo para los deudores. Para muchos consumidores, la imposibilidad de ser contactados se traduce en la falta de ofertas de refinanciamiento o reprogramación de sus deudas.
Expertos en el área han señalado que, aunque la regulación es vista como un avance en la protección de los derechos de los usuarios, es crucial que la transición se acompañe de mecanismos que aseguren que la cobranza legítima, como la correspondiente a créditos vencidos, pueda continuar sin obstáculos indebidos. De no ser así, el intento de frenar el spam podría resultar en una carga financiera aún mayor para los consumidores más vulnerables.
En este contexto, los organismos de protección al consumidor tienen la responsabilidad de supervisar cómo se desarrolla la interacción entre la normativa anti-spam y la efectividad de la cobranza responsable. Para los usuarios, el mensaje es claro: no contestar todas las llamadas con prefijo 809 puede parecer una decisión acertada, pero en ciertos casos, esto podría llevar a menos oportunidades para renegociar deudas y a un aumento en las obligaciones acumuladas.
