La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se encuentra en una situación legal crítica, ya que este lunes 17 de febrero se llevará a cabo una audiencia importante para evaluar su medida cautelar de prisión preventiva.
Audiencia para revisar la medida cautelar
La defensa de Barriga busca revertir la medida de prisión preventiva y conseguir que se le permita regresar a un arresto domiciliario total. Por su parte, la Fiscalía ha anunciado una reformalización de los cargos en su contra, que incluyen nuevos delitos relacionados con el uso indebido de recursos municipales.
Declaraciones de la defensa
El abogado de Cathy Barriga, Giovanni Calderón, ha calificado la acción del Ministerio Público como un “ensañamiento”. En declaraciones a CHV, Calderón afirmó: “No ha hecho otra cosa que avalar la tesis de la Municipalidad”, y negó las acusaciones sobre el uso de fondos públicos para contratar a una niñera que cuidó a su hijo menor.
Nuevos cargos y antecedentes
La Fiscalía Oriente ha confirmado que el próximo 15 de abril se formalizarán nuevos cargos contra Barriga, que incluyen malversación reiterada de caudales públicos y negociación incompatible. Estas nuevas imputaciones se suman a las ya existentes por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
Reacciones familiares
El caso ha suscitado reacciones en el entorno familiar de Barriga. Su suegro, el excandidato presidencial Joaquín Lavín, ha expresado su preocupación a través de las redes sociales. Lavín escribió: “No tiene sentido ni es justo que Cathy, después de 10 meses de arresto domiciliario y 90 días en la cárcel, siga privada de libertad sin una razón real”.
En su mensaje, Lavín también mencionó: “Digo esto como suegro y abuelo. No tiene sentido, ni es justo que Cathy, después de haber cumplido un arresto domiciliario total de 10 meses, haya pasado ahora 90 días en la cárcel, sin que exista ninguna razón real para eso. Mientras la ausencia de su madre agrava las…”
Argumentos del Ministerio Público
La defensa de Barriga espera que el tribunal considere los antecedentes presentados y le permita enfrentar el proceso en su hogar. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que hay nuevos antecedentes que justifican la continuación de la medida privativa de libertad, argumentando que el perjuicio económico para el municipio podría alcanzar los 30 mil millones de pesos.
