La Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) han presentado recursos de apelación ante la Corte con el objetivo de revertir el arresto domiciliario de Cathy Barriga y reinstaurar su prisión preventiva. La exalcaldesa de Maipú, quien está imputada por delitos de corrupción y falsificación de instrumento público, estuvo cerca de un mes en la cárcel de San Miguel hasta que el 18 de diciembre el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago modificó la medida cautelar.
Argumentos de la Fiscalía
El Ministerio Público, liderado por la fiscal Lorena Parra, ha argumentado que la magistrada María Inés Lausen Montt cambió una resolución que ya era firme sin contar con nuevos antecedentes relevantes. Entre los cuestionamientos planteados por la Fiscalía se encuentra el uso de informes médicos del hijo menor de Barriga como justificación para el cambio de medida, elementos que ya habían sido analizados en la audiencia que determinó su reclusión el 12 de noviembre, según consigna La Tercera.
Antecedentes adicionales
Además, la Fiscalía ha señalado que el tribunal ignoró nuevos antecedentes presentados por los querellantes que demostrarían un dolo en las acciones de Barriga al administrar los recursos municipales. En el escrito presentado ante la Corte, se afirma: “Durante su período administró de forma maliciosa e irregular el patrimonio municipal de Maipú, lo que representa un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Reacción del Consejo de Defensa del Estado
Por su parte, el CDE también ha impugnado la decisión del juzgado, calificándola de insuficientemente fundamentada y ajena al mérito del proceso. En su recurso, el organismo ha rechazado la idea de que la prisión preventiva dictada anteriormente constituya un cumplimiento anticipado de condena, enfatizando que los fundamentos de esta medida estaban claramente establecidos en resoluciones previas del Tribunal de Garantía y la Corte de Apelaciones.
Contexto del caso de Cathy Barriga
El caso de Cathy Barriga involucra una investigación por presuntas irregularidades que habrían ocurrido entre 2016 y 2021 durante su gestión como alcaldesa. Según la actual administración de Maipú, liderada por Tomás Vodanovic, el perjuicio al municipio ascendería a $33.515.721.000. Las acusaciones también involucran a su esposo, el diputado Joaquín Lavín León, quien renunció a la UDI tras los allanamientos de la PDI relacionados con facturas ideológicamente falsas emitidas por la municipalidad.
