La defensa de la diputada Catalina Pérez (ex Revolución Democrática) ha calificado como “totalmente injustificada” la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Regional de Antofagasta en el contexto del caso Democracia Viva. Este requerimiento, que fue ingresado por el fiscal jefe Cristian Aguilar, tiene como objetivo habilitar la eventual formalización de la parlamentaria por su supuesta implicación en un caso que ha suscitado controversia debido a convenios irregulares.
El pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta será el encargado de decidir sobre esta solicitud, la cual se basa en nuevos antecedentes que han sido recabados por el Ministerio Público. Según la Fiscalía, estos antecedentes vincularían a Pérez con los hechos que están siendo investigados.
Detalles del caso Democracia Viva
El caso Democracia Viva se centra en la firma de convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva durante el año 2022. Hasta la fecha, han sido formalizados en este caso Daniel Andrade, quien fue representante de la fundación y expareja de Pérez, así como Carlos Contreras, exseremi de Vivienda, ambos de ellos militantes de Revolución Democrática en ese momento.
Declaraciones de la defensa
El abogado de la diputada, Gonzalo Medina, ha reiterado la inocencia de su defendida y ha enfatizado su disposición para colaborar con la investigación. En sus declaraciones, Medina afirmó: “La solicitud de desafuero presentada hoy en la tarde por la Fiscalía Regional de Antofagasta es totalmente injustificada. Pero será en este contexto donde finalmente quedará establecida, sin lugar a dudas, la total inocencia de la diputada Catalina Pérez”.
Además, el abogado subrayó que Pérez ha actuado de manera voluntaria y constante para esclarecer los hechos. “Ella ha colaborado con la investigación desde el inicio de la misma, a fin de esclarecer su total ausencia de responsabilidad en los hechos investigados”, añadió.
Proceso de desafuero
El proceso para determinar el desafuero de la diputada comenzará con la revisión del pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. En caso de que la solicitud sea acogida, Pérez quedará habilitada para enfrentar la formalización en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco reiterado.
Este caso continúa generando gran expectación, ya que se sitúa en el centro de la controversia sobre la relación entre fundaciones, recursos públicos y representantes políticos.
