El caso del ex subsecretario Monsalve continúa generando repercusiones en el ámbito político y judicial de Chile. Este martes, un informe de La Tercera reveló que la Fiscalía Centro Norte ha decomisado tres teléfonos adicionales en el domicilio del ex subsecretario, quien renunció la semana pasada tras ser acusado de violación por una subalterna de 32 años. La situación ha provocado un terremoto político en el Gobierno de Gabriel Boric, llevando a la dimisión de cinco funcionarios del Ministerio del Interior desde que se destapó la denuncia.
Detalles del caso
Según el medio mencionado, Monsalve entregó uno de sus teléfonos a la policía el viernes 11 de octubre, antes de que se iniciara la investigación. Este dispositivo le fue devuelto tras ser revisado. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó el martes 15 de octubre una nueva orden de allanamiento al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, ya que tenían conocimiento de que había más dispositivos en su poder. El allanamiento se llevó a cabo el 18 de octubre, y aunque los detectives buscaban dos celulares, finalmente encontraron tres, los cuales fueron incautados.
La abogada defensora de Monsalve, María Inés Horvitz, ha expresado su desacuerdo con el decomiso del tercer teléfono, argumentando que no estaba contemplado en la entrada del registro original. Horvitz anunció que presentará un recurso de amparo denunciando la ilegalidad del procedimiento llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI). Además, se ha informado que la denunciante ha cambiado de abogado, dejando su representación en manos de Elena Santibáñez, especialista en delitos sexuales.
Reacciones políticas
Desde la renuncia de Monsalve, la Subsecretaría del Interior ha experimentado cambios significativos, incluyendo la salida de la asesora comunicacional Ana Lya Uriarte. El lunes, se anunció la salida “inmediata e irrevocable” del ministro Luis Cordero, quien fue reemplazado en el mando de la cartera. Cordero también confirmó que Gustavo Herrera (PS), jefe directo de Monsalve, había estampado una querella por violación.
La situación ha llevado a que algunos funcionarios se conviertan en testigos clave. Se ha reportado que Herrera habría indicado en septiembre que la víctima debía acompañar a Monsalve en todas sus reuniones, lo que generó un aumento en su sueldo.
Controversias en torno a las declaraciones de la ministra
Por otro lado, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se ha encontrado en el centro de la controversia debido a sus recientes declaraciones. Al ser consultada sobre las razones del Presidente para destituir a Monsalve, Orellana afirmó que “no estamos hablando de un portero del servicio público, nada ni menos está a cargo de la seguridad del país”. Estas palabras fueron mal recibidas por la oposición, que criticó la falta de empatía en sus comentarios.
La secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, calificó las declaraciones de Orellana como “desafortunadas” y reflejaron la preocupación del Ejecutivo por el posible victimario o víctima. Benavente, de la bancada de Unión Demócrata Independiente, también criticó la falta de silencio del Gobierno, sugiriendo que cada intervención agrava la situación. La diputada Ximena Ossandón (RN) se refirió al “clasismo impresentable” de Orellana, argumentando que la investigación no podría ser imparcial si el encargado de la investigación está involucrado.
Consecuencias legales para Monsalve
En cuanto a las posibles penas que enfrenta Monsalve, se ha informado que actualmente está siendo investigado por violación, abuso sexual y obstrucción a la justicia, así como por infracciones a la Ley de Inteligencia. Si es encontrado culpable, las penas podrían sumar hasta 20 años de cárcel. El Código Penal chileno establece que la pena por un beso sin consentimiento puede oscilar entre 61 y 540 días de presidio, mientras que las sanciones para quienes incumplan la Ley de Inteligencia están relacionadas con la recopilación de información en beneficio propio, lo que también conlleva penas de prisión.
