El Caso Audio sacude el panorama político en Chile, generando críticas al Piñerismo y tensiones en el gobierno de Boric. Reacciones y análisis en desarrollo.
Eran pasadas las 13:30 horas del martes 27, y la expectativa por la lectura de las medidas cautelares para Luis Hermosilla, en la quinta jornada de formalización del Caso Audio, era notable. En el momento en que la jueza Mariana Leyton dictó la prisión preventiva para el abogado, las reacciones no se hicieron esperar. En ese instante, un grupo de diputados de la derecha se retiraba de la sala, evitando los focos de atención, hasta que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se detuvo a responder a la prensa, afirmando: “Nos parece bien cualquier cosa que determine la justicia”.
El asunto había comenzado a generar incomodidad en Chile Vamos desde el jueves 22 de agosto, cuando el nombre de Andrés Chadwick fue mencionado durante la audiencia de formalización. Esto se relacionaba con unos pagos realizados por Factop, una empresa de factoring bajo investigación por estafa y delitos tributarios, que estaban vinculados a la acusación constitucional contra el exministro en 2019. Luis Hermosilla, quien defendió a Chadwick ante el Congreso, había solicitado el pago de 25 mil euros al alemán Kai Ambos por un informe utilizado en su defensa, además de otros 14 millones de pesos al abogado Jean Pierre Matus por su trabajo en el caso.
Dos días antes, el 20 de agosto, Ciper había revelado que la fiscalía poseía un respaldo de 17 transferencias de dinero de Hermosilla a Chadwick, que sumaban un total de 190 millones de pesos. En respuesta a estas acusaciones, Chadwick emitió una declaración pública en la que aclaraba que todos los pagos eran por trabajos jurídicos realizados desde que ambos acordaron una comunidad de techo en 2020, y que estaban debidamente justificados con boletas de honorarios.
A medida que se conocían las medidas cautelares, varios parlamentarios en el Congreso comenzaron a mencionar a Chadwick. El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, quien es querellante en el Caso Audio, afirmó: “Todo el círculo se empieza a estrechar hacia el ministro Andrés Chadwick, la defensa en la acusación constitucional del señor Chadwick fue financiada con dineros provenientes de lavados de activos; el señor Chadwick fue quien recibía la información filtrada por el exdirector de la PDI de causas secretas. Ambos tenían el mismo contador, compartían oficina…”. Por su parte, el diputado republicano Agustín Romero instó a la UDI a tomar medidas, señalando que “una persona que pueda estar eventualmente involucrada en una situación de corrupción no puede seguir perteneciendo a su partido”.
Ramírez fue consultado sobre la situación de Chadwick y respondió: “Hoy no hay una investigación, no ha sido llamado a declarar. Yo no puedo andar especulando acerca de cosas que todavía no se conocen”. Sin embargo, la inquietud ya se había instalado. En días anteriores, Evelyn Matthei, quien es considerada una de las principales candidatas presidenciales de la centroderecha, fue la primera en distanciarse de Chadwick, lo que representó un golpe significativo para el bloque. Matthei declaró: “Acá tiene que caer el que tenga que caer”, lo que fue interpretado en Chile Vamos como una medida efectiva para establecer un “cordón sanitario” alrededor de la situación.
Desde el círculo cercano a Chadwick, se comentó que él es una persona “pragmática” y que comprendió el tono de Matthei, especialmente ante las críticas provenientes de la izquierda y algunos análisis sobre la situación. Cristián Valdivieso, director de Criteria, advirtió en X que si Chile Vamos no desarrolla una estrategia coherente para enfrentar esta crisis, el caso Hermosilla podría costarles la presidencia.
Parlamentarios del oficialismo han insistido en que Chadwick debe ofrecer una explicación pública, pero su círculo defiende la estrategia del silencio. En Chile Vamos, los antecedentes que han salido a la luz son considerados como parte de una “operación” que no solo afecta a la UDI, sino que representa un golpe directo al legado de los gobiernos de Sebastián Piñera, dado que Chadwick es visto como una figura central de ese legado.
Un dirigente histórico del sector afirmó que han adquirido experiencia en “asesinatos de imagen pública que planean desde la izquierda”, subrayando que no serviría de nada que Chadwick hablara, ya que su objetivo sería “hundir” el legado de Piñera. En su círculo, se sostiene que Chadwick solo hablará si es requerido por el Ministerio Público, y se asegura que se encuentra tranquilo, recordando que ya ha enfrentado situaciones similares en el pasado.
Las críticas hacia el posible involucramiento de Chadwick en el Caso Audio se intensifican, especialmente porque Hermosilla fue reconocido como asesor del Ministerio del Interior durante la administración de Piñera. Además, se ha señalado que hubo asesores que trabajaron tanto en esa repartición como en la oficina de Hermosilla, como es el caso de María José Gómez, ex jefa de gabinete de Chadwick y exsubsecretaria de Prevención del Delito.
Desde la derecha, se ha manifestado que hay algo de verdad en las declaraciones del hermano de Luis Hermosilla, quien criticó la práctica de “cherry picking” de la información del celular, sugiriendo que podrían estar involucrados hasta ministros de la Suprema. “Que aparezcan todos los nombres”, sostienen las fuentes consultadas.
Sin embargo, un giro inesperado ocurrió cuando el Presidente Boric salió a valorar la prisión preventiva de “un señor que se creía todopoderoso”. Esta declaración generó reacciones en la oposición, que lo calificó de “imprudente”, y en privado, algunos consideraron que fue una “torpeza” que desvió la atención de la agenda. En el oficialismo, hubo sorpresa ante las palabras de Boric, y el presidente del PPD, Jaime Quintana, comentó en Cooperativa que “para resguardar bien la separación de poderes, es mejor que las autoridades del Poder Ejecutivo omitan opinar sobre resoluciones del Poder Judicial, más aún cuando son procesos en curso”.
La oposición también criticó a Boric por no haber mostrado el mismo énfasis cuando Daniel Jadue, del Partido Comunista, fue puesto en prisión preventiva por el caso de Farmacias Populares. Además, se ha cuestionado la contratación de Hermosilla por parte de Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda. A pesar de las críticas, en el bloque gobernante se argumentó que los comentarios de Boric podrían resonar positivamente entre la población, aunque se reconoció que esto no se sabrá hasta que se realicen nuevas encuestas. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió a Boric, afirmando que en sus palabras “no hay una intromisión al juicio” y que “lo que señala el Presidente es algo que señala toda la gente en la casa: que en este país no puede haber una justicia para ricos y otra para pobres”.
