La abogada Carla Fernández, quien representa a condenados por violaciones a los derechos humanos en los penales Punta Peuco y Colina I, ha colaborado en la redacción de un proyecto de ley que busca permitir el cumplimiento alternativo de penas para internos geriátricos. Esta iniciativa es impulsada por el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán.
En una entrevista con BioBioChile, Fernández explicó que su participación en el proyecto se dio tras ser contactada por asesores del senador Chahuán. “Colaboré con la redacción de este proyecto”, afirmó, aclarando que la propuesta no fue solicitada por los internos que representa. “No surge de mis defendidos. Honestamente, no hay ningún tipo de instrucción de parte de ninguna de las personas que defiendo”, añadió.
La abogada detalló que el primer contacto para colaborar no fue directamente con Chahuán, sino con su equipo de asesores. “No me lo pidió directamente. Creo que fue un grupo de asesores de parte de él, y obviamente tenía que estar enfocado netamente en el punto de vista humanitario”, comentó. Posteriormente, Fernández tuvo reuniones con el senador y participó en debates legislativos, donde expuso sobre el contenido del proyecto.
El proyecto se basa en antecedentes jurídicos relacionados con su trabajo, incluyendo extractos de sentencias y escritos que reflejan la realidad carcelaria en Chile. Sin embargo, ha generado un intenso debate sobre su alcance y las implicaciones que podría tener en el sistema penitenciario del país.
Fernández se refirió a algunas interpretaciones erróneas que han surgido en torno a la iniciativa, afirmando que es incorrecto afirmar que 12 mil personas quedarían en libertad si se aprueba el proyecto. “Cualquier eventual beneficio debería ser solicitado ante los tribunales y evaluado caso a caso. La persona condenada tiene que solicitarlo al Juzgado de Garantía y demostrar que cumple con ciertos requisitos. No operaría de pleno derecho”, explicó.
Además, enfatizó que la propuesta no debe confundirse con un indulto. “Esto no es un indulto y tampoco es un indulto camuflado. Esto es un cumplimiento alternativo de pena para una población penal vulnerable”, subrayó.
Durante la entrevista, Fernández también abordó la situación de internos del penal Punta Peuco, como el exagente de la DINA, Miguel Krassnoff, y el exjefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán. Según la abogada, ambos han manifestado que no solicitarían el beneficio contemplado en el proyecto si se convierte en ley. “Ni Álvaro Corbalán ni Miguel Krassnoff solicitarían el beneficio en caso de que se aprobara este proyecto”, concluyó, indicando que en algunos casos podría tratarse de una decisión personal.
