Cámara de Diputadas y Diputados aprueba ley de cargador universal, buscando reducir la basura electrónica y facilitar el uso de dispositivos en Chile.
Luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara las modificaciones realizadas por el Senado, el lunes 26 de agosto se despachó desde el Congreso el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de un cargador universal para dispositivos tecnológicos. Este nuevo marco normativo tiene como objetivo principal que el cargador sea compatible y utilizable de manera estandarizada en una variedad de dispositivos, incluyendo teléfonos móviles, tabletas, cámaras, auriculares, altavoces portátiles y videoconsolas, entre otros.
Los parlamentarios han señalado que esta legislación también busca mitigar el problema de la “basura electrónica”, dado que en Chile se estima que existen alrededor de 30 millones de líneas telefónicas. En este contexto, Andrés Herrera, director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), destacó que la ley representa “un avance hacia un consumo más sustentable”, ya que permitirá a los consumidores evitar la compra de nuevos dispositivos de carga, lo que contribuirá a la reducción de residuos electrónicos. Además, Herrera mencionó que “esta normativa pone a nuestro país en línea con la regulación europea en esta materia, e implica una simplificación en el uso de los equipos y dispositivos electrónicos”.
En cuanto a la implementación de la ley de cargador universal, se establece que, tras su promulgación y publicación en el Diario Oficial, entrará en vigencia con un plazo de dos años para que los teléfonos móviles se adapten a esta nueva normativa. Para el resto de los dispositivos de información y telecomunicaciones, se otorgará un plazo de cuatro años. La ley también especifica que “los proveedores deberán garantizar la interoperabilidad común entre los equipos y sus accesorios de carga”, lo que significa que los consumidores tendrán la opción de adquirir los cargadores de manera conjunta o por separado. Esto implica que no se podrá condicionar la compra de un dispositivo a la adquisición de su cargador.
Además, las empresas estarán obligadas a informar de manera clara y oportuna a los consumidores sobre si el cargador universal está incluido en la compra de un artículo electrónico que lo requiera. En caso de que las empresas no cumplan con estas disposiciones, se enfrentarán a multas que pueden alcanzar hasta 300 UTM, lo que equivale a aproximadamente 20 millones de pesos por cada infracción.
