La situación de Camila Polizzi en la plataforma de contenido para adultos Arsmate, conocida como el “Onlyfans chileno”, podría enfrentar un obstáculo significativo. Un querellante ha solicitado a la justicia que se retengan las ganancias millonarias de la imputada en el contexto del denominado Caso Lencería. Esta solicitud fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante el Juzgado de Garantía de Concepción, con el objetivo de asegurar los ingresos que la ex candidata a alcaldesa ha estado generando desde febrero en la mencionada plataforma.
Detalles de la solicitud del CDE
La intención del CDE es que, en caso de que Camila Polizzi sea condenada, la justicia pueda disponer de las ganancias acumuladas para saldar el monto que se habría defraudado al fisco en relación con esta arista del Caso Convenios. Según el documento al que tuvo acceso BioBioChile, la cantidad máxima que podría ser embargada a Polizzi asciende a $250 millones, cifra que está vinculada a los convenios cuestionados entre la Fundación En Tí y el Gobierno Regional del Biobío.
Estimaciones sobre las ganancias de Polizzi
El CDE ha estimado que la imputada no posee bienes a su nombre que puedan cubrir la cifra mencionada. Aunque en la solicitud no se especifica el monto exacto que está generando Camila Polizzi, se hace referencia a reportes de prensa que sugieren ciertos ingresos. En particular, se destaca que en febrero, poco después de abrir su cuenta en Arsmate, se informó en el matinal Contigo en la Mañana (CHV) que logró recaudar más de $15 millones en solo unos días.
El presentador Julio César Rodríguez mencionó en ese programa: “Según los primeros datos, por suscriptores ella habría llegado a 15 millones de pesos en 10 días. En los 10 primeros días”.
Medidas similares en otros casos
La semana pasada, la justicia tomó una medida similar respecto a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ordenando la retención de sus ingresos en Onfayer con el mismo objetivo de asegurar los fondos en caso de condena. Esta acción refleja un enfoque más amplio de las autoridades para abordar las irregularidades en la gestión de fondos públicos y asegurar que los montos defraudados puedan ser recuperados.
