La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado en su tercer trámite la ley que establece el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, una iniciativa que forma parte de las acciones promovidas por el gobierno en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
Esta moción, que fue presentada en el año 2022 por un grupo de diputadas y diputados de diferentes sectores políticos, tiene como objetivo la calificación legal de las víctimas de desaparición forzada que ocurrieron durante la dictadura en Chile, que abarcó desde 1973 hasta 1990. La ley permitirá al Estado reconocer oficialmente la ausencia de estas personas, facilitando la obtención de certificados gratuitos que acrediten su condición de desaparecidos. Este reconocimiento se considera una herramienta de reparación simbólica fundamental para las familias afectadas.
El proyecto de ley establece la creación de un registro público, gratuito y digital, que estará bajo la responsabilidad del Servicio de Registro Civil e Identificación. La base de este registro será una nómina que será elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el marco de las actividades del Plan Nacional de Búsqueda. Esta nómina incluirá antecedentes que provengan de comisiones de verdad y de sentencias judiciales relacionadas con casos de desaparición forzada.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, destacó la importancia de esta ley, afirmando que: “A 52 años del golpe militar, hoy vamos a tener un registro oficial de las personas que fueron víctimas de la desaparición forzada, y sus familiares van a poder tener un certificado que diga que sus familiares se encuentran ausentes por desaparición forzada. Este es un paso muy significativo para que en nuestro país nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió durante la dictadura militar.”
Además, Gajardo subrayó que “es una forma de reparación que dignifica a las víctimas y reconoce el derecho de las familias a la verdad. Además, es un paso clave en el desafío de fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia para esclarecer las trayectorias de las víctimas y apoyar las investigaciones judiciales.”
Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, enfatizó que con esta ley, “Chile reafirma que la desaparición forzada fue una política sistemática del Estado durante la dictadura y que tenemos la obligación de seguir buscando, esclareciendo lo ocurrido y garantizando que estos crímenes no se repitan.”
La aprobación de esta ley representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las víctimas de desaparición forzada y en el compromiso del Estado chileno con la verdad y la justicia.
