La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó este martes las modificaciones del Senado al proyecto de ley que regula y prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal, como los celulares, en todos los colegios del país. Con un respaldo unánime y sin votos en contra, la iniciativa está lista para ser promulgada como ley.
El nuevo texto redefine el concepto de los dispositivos restringidos, cambiando la expresión “medios tecnológicos de telefonía móvil” por “dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal”. Esta categoría incluye equipos que permiten telecomunicación y acceso a internet, facilitando la interacción digital y la consulta de contenidos en línea, según lo indicado en la web de la Cámara de Diputados.
La norma prohíbe el uso de estos dispositivos en todos los establecimientos que imparten educación básica y media, aunque contempla excepciones en casos específicos. Estas excepciones incluyen: necesidades educativas especiales, emergencias, condiciones de salud diagnosticadas que requieran monitoreo, actividades curriculares o extracurriculares autorizadas, y solicitudes fundamentadas de padres o apoderados por motivos de seguridad personal o familiar.
La Superintendencia de Educación será responsable de definir los mecanismos, condiciones y consecuencias para aplicar la prohibición a través de futuros instructivos. La restricción se aplicará durante las actividades curriculares en el aula y se extenderá a todos los miembros de la comunidad educativa. En educación media, los reglamentos podrán establecer franjas horarias o espacios específicos donde se permita el uso de dispositivos, considerando la autonomía progresiva de los estudiantes.
Además, la ley exige que los centros educativos promuevan un uso responsable de la tecnología y adviertan sobre sus riesgos. También deberán implementar actividades formativas que prevengan el uso indebido de dispositivos y la comisión de delitos a través de estas plataformas. La prohibición comenzará a regir desde el inicio del año escolar 2026, y los establecimientos tendrán hasta el 30 de junio de ese año para actualizar sus reglamentos internos. En 2030, el Ministerio de Educación deberá presentar una evaluación oficial de la medida.
Durante la discusión, varios legisladores valoraron que la regulación aportará claridad en los recintos educativos y ayudará a disminuir la distracción, la ansiedad y la pérdida de interacción social asociadas al uso indiscriminado de teléfonos móviles. También se destacó que la normativa evitará que los docentes asuman un rol “policial” sobre los estudiantes. Sin embargo, algunos parlamentarios expresaron preocupaciones sobre el papel que asumirán los colegios en temas que consideran deben ser abordados principalmente por las familias. Asimismo, se cuestionó que la prohibición se extienda a todo el personal de la comunidad educativa, incluidos docentes y asistentes.
