Este lunes se darán inicio a los trabajos de desalojo de la toma Calicheros en Quilpué, región de Valparaíso.
La jornada se centrará en realizar un catastro general de las familias que habitan en el lugar, para lo cual se desplegarán equipos de la Policía de Investigaciones con el objetivo de verificar la situación migratoria de los ocupantes de los terrenos.
El Delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó que la demolición de las estructuras comenzará el día martes, “en coordinación con todas las instituciones del Estado que competen”.
Los habitantes de la toma Calicheros han calificado la inminente demolición como “ilegal”. Los ocupantes se encuentran en terrenos que pertenecen a la familia de Alejandro Correa, un empresario que fue asesinado por sicariato en el año 2020. Actualmente, los ocupantes continúan aferrándose a un recurso de protección que fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual sigue vigente.
Gustavo Sepulveda, dirigente del Movimiento de Pobladores Organizados, ha calificado la posible demolición como ilegal y ha instado a las autoridades a no actuar de manera “temeraria”.
“Esperamos que efectivamente se cumpla el Estado de derecho que tanto se ha pronunciado, pero no de una manera unilateral -como ha sido hasta el momento-, sino que sea de manera conjunta, incluso para las víctimas de esta demolición arbitraria e ilegal”, expresó Sepulveda.
Desde la delegación presidencial de Valparaíso se ha informado que están trabajando en conjunto con la municipalidad de Quilpué para habilitar albergues para las personas que habitan en el terreno, además de asegurar el bienestar de las mascotas y animales de granja que se encuentran en la toma.
Desalojo en Calicheros: “Esperamos que se cumpla el Estado de derecho”
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