El Gobierno de Chile anticipa que en las próximas cuatro semanas se despachará el proyecto de Sala Cuna Universal, que busca convertirse en ley y representar uno de los últimos logros de la administración de Gabriel Boric. Esta iniciativa tiene como objetivo abordar una deuda histórica en el ámbito laboral, especialmente en lo que respecta a la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, donde el desempleo femenino ha alcanzado cifras cercanas a los dos dígitos en ciertos períodos.
Sin embargo, el proyecto ha generado controversia debido a su impacto financiero, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes). La propuesta establece la creación de un Fondo Solidario de Sala Cuna, que será administrado por el Estado y financiado a través de una cotización obligatoria del 0,3% que deberán pagar los empleadores.
Este nuevo costo fijo se aplicará independientemente del tamaño de la empresa y de si actualmente tienen la obligación de ofrecer este beneficio. Además, existe incertidumbre sobre si las empresas tendrán que cubrir diferencias en caso de que el fondo resulte insuficiente o si no hay oferta disponible para las salas cuna.
Héctor Sandoval, vicepresidente de Conapyme, indicó que en una reunión reciente con la CPC (Confederación de la Producción y del Comercio), se expresó apoyo al espíritu de la ley, aunque se manifestaron desacuerdos con el texto presentado.
Por su parte, David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, afirmó que, aunque la ley es necesaria, es fundamental abordar los puntos que actualmente generan divisiones en el Congreso.
Desde la organización Chile Mujeres, su directora Francisca Jünemann destacó el potencial del proyecto para contribuir al crecimiento del país.
Las pymes, sin embargo, argumentan que su situación es significativamente diferente a la de las grandes empresas, que a menudo se benefician de la iniciativa, dado que muchas de ellas ya están cubriendo los costos de las salas cuna. Con la nueva ley, estas empresas podrían ver reducidas sus obligaciones a una cotización menor o equivalente.
