Un error en el cálculo de remuneraciones en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de Chile ha llevado a que varias autoridades deban restituir un total de casi 312 millones de pesos. Este problema se detectó tras un cambio en la subsecretaría del ministerio, cuando el presidente Gabriel Boric designó a Claudia Donaire en reemplazo de Luz Vidal en marzo de 2022.
La ministra Antonia Orellana es una de las afectadas, debiendo devolver más de 12 millones de pesos. Además, una subsecretaria tuvo que reintegrar 13 millones, y la exministra Mónica Zalaquett también se vio involucrada en este error, al igual que 42 seremis y ex seremis que recibirán órdenes de reintegrar los montos que recibieron de más. La situación se originó a partir de una incorrecta aplicación de la Ley N° 21.599, que regula los reajustes salariales en el sector público, lo que resultó en un desajuste en los sueldos de las autoridades desde diciembre de 2020 hasta marzo de 2025.
El error fue identificado por un funcionario recién contratado, quien notó que su predecesora había aplicado los reajustes de manera incorrecta, lo que generó un costo significativo para el Estado. Tras la detección del problema, el ministerio inició un proceso de revisión interna para determinar el monto que cada autoridad debía reintegrar y se ordenó una revisión de los procedimientos de cálculo de remuneraciones para ajustarlos a la normativa vigente.
Asimismo, se abrió un sumario administrativo en abril para investigar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Una consultoría externa fue contratada para revisar el proceso de cálculo y pago de remuneraciones, encontrando errores adicionales en los sueldos de las 42 autoridades regionales afectadas. Esta consultoría también reveló que las exsubsecretarias Carolina Cuevas y María José Abud, así como la exministra Mónica Zalaquett, recibieron pagos adicionales que variaron entre 260 mil y 400 mil pesos.
El Ministerio de la Mujer emitió un comunicado en el que se asegura que se han tomado todas las medidas necesarias para corregir la situación y evitar que se repita en el futuro. La subsecretaría ha emitido resoluciones que ordenan el reintegro de las sumas indebidamente pagadas a todas las personas afectadas que ejercieron cargos de autoridad regional entre 2020 y 2025. El ministerio reafirmó su compromiso con la probidad y el uso adecuado de los recursos públicos, así como con la mejora continua de los procesos de control fiscal.
