La defensa de Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema de Chile, anunció que presentará una apelación contra la prisión preventiva impuesta por el tribunal en el marco de la investigación conocida como la Trama Bielorrusa.
El recurso será ingresado ante la Corte de Apelaciones, que evaluará la medida cautelar que mantiene a Vivanco en detención. Su abogado, Jorge Valladares, argumentó que la decisión del tribunal se basó en un análisis preliminar de los antecedentes presentados por el Ministerio Público, y sostiene que no se ha demostrado el elemento central del delito de cohecho que se le imputa, específicamente la existencia de un acuerdo corruptor.
La Trama Bielorrusa es una de las aristas del Caso Audio, que reveló redes de tráfico de influencias y corrupción dentro del Poder Judicial chileno. Esta investigación se centra en el abogado Luis Hermosilla, quien fue contactado por Vivanco en 2018 para obtener apoyo en su postulación a la Corte Suprema.
Los hechos que motivan la investigación contra Vivanco se remontan a 2023, cuando la empresa Belaz Movitec SpA exigió a Codelco el pago de una indemnización tras la finalización anticipada de un contrato de movimiento de tierras. En ese contexto, mientras presidía de forma subrogante la Tercera Sala de la Corte Suprema, Vivanco firmó fallos que favorecieron a CBM, lo que resultó en un pago de 17 mil millones de pesos por parte de Codelco al consorcio privado.
Es relevante mencionar que antes de la intervención de Vivanco, Codelco había ganado todas las instancias judiciales relacionadas. Además, uno de los fallos cuestionados se tramitó con una rapidez inusual para este tipo de casos, lo que generó preocupaciones dentro del sistema judicial.
La investigación del Ministerio Público sugiere que la motivación de Vivanco para emitir esos fallos podría estar relacionada con el pago de coimas significativas por parte del consorcio beneficiado, vínculos que no habrían sido adecuadamente declarados por la exministra. La Corte de Apelaciones ahora deberá decidir sobre la continuidad o modificación de la prisión preventiva mientras avanza esta investigación, que es considerada una de las más delicadas para el Poder Judicial en años recientes.
