La Cámara de Diputados aprueba la acusación constitucional contra dos ministros de la Corte Suprema, que ahora será revisada por el Senado.
La reciente discusión en la Sala de la Cámara de Diputados se centró en la presentación de dos acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, las cuales fueron incluidas en un mismo texto. Esta situación generó controversia, ya que las acusaciones, aunque ambas se basan en el “notable abandono de deberes”, se fundamentan en motivos distintos.
El abogado de Sergio Muñoz, Jorge Correa Sutil, calificó la unión de las acusaciones como un “ardid”, argumentando que esta práctica vulnera la Constitución al afectar los derechos fundamentales del debido proceso y el derecho a la legítima defensa, lo que, según él, viola los derechos humanos de ambos ministros. En contraste, Juan Carlos Manríquez, quien defiende a Vivanco, manifestó que los textos de las acusaciones carecen de la profundidad y el peso necesarios para justificar una notable infracción o abandono de los deberes constitucionales, señalando que ahora el caso queda a juicio del Senado.
La Cámara de Diputados aprobó el texto de las acusaciones, requiriendo una mayoría simple para avanzar al Senado, que será la instancia encargada de decidir el futuro de los jueces. En la votación, se registraron 97 votos a favor, incluyendo a parlamentarios del Partido Socialista (PS) y del Partido por la Democracia (PPD), mientras que los miembros del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC) se abstuvieron o votaron en contra, sumando 20 y 25 votos, respectivamente. La Democracia Cristiana (DC) mostró una votación dividida.
Durante la discusión, la diputada Lorena Fries del FA advirtió sobre el riesgo de cometer una grave violación a los derechos humanos de los acusados, comparando la situación con “expulsar al arquero por un foul que hace el delantero”. Alberto Undurraga, de la DC, también expresó su preocupación por la naturaleza de las acusaciones. Por su parte, Gustavo Benavente, jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), reconoció que, aunque el caso de Muñoz es menos grave, la acusación es el único medio para que Vivanco sea llevada al Senado, dado que la acusación del oficialismo presenta vicios graves. Nelson Venegas del PS coincidió en que, tras escuchar la defensa, llegó a la conclusión de que Muñoz no cumple con los requisitos necesarios, lo que lo llevó a votar a favor debido a la presentación conjunta de las acusaciones.
Luis Sánchez, representante de la República, defendió la decisión de unir las acusaciones, aclarando que la Cámara no está realizando un juicio de culpabilidad, sino evaluando la plausibilidad de las acusaciones, las cuales, según él, tienen antecedentes graves. Ximena Ossandón, diputada de Renovación Nacional (RN), quien presentará el caso ante el Senado, subrayó que no hay celebración en el hecho de acusar a jueces de la Corte Suprema, quienes son fundamentales para la democracia.
La acusación constitucional ahora será revisada por el Senado, que tiene un plazo de entre cuatro y seis días para votar una vez que reciba el informe. En esta fase, se podrán votar los casos de Vivanco y Muñoz de manera separada, ya que los libelos se votan por capítulo. El diputado Jaime Sáez del FA anticipó que presentarán un proyecto de reforma constitucional para evitar que se presenten acusaciones de forma “mañosa y artera” en el futuro.
En otro contexto, el martes, la comisión revisora de la Cámara de Diputados desestimó la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Tohá. En esa jornada, se escucharon voces tanto a favor como en contra, destacando la defensa de Tohá por parte del exdirector general de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien dejó su cargo debido al “Criterio Tohá”.
El Presidente Gabriel Boric, al llegar a La Moneda, expresó su apoyo a Tohá, afirmando que “la ministra está haciendo un trabajo incesante en un tema que es tremendamente difícil, que es lo prioritario para nuestra sociedad hoy día, que es garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”. Boric también destacó que, durante las exposiciones en la Cámara, quedó claro que la acusación carecía de sustancia y justificación, además de resaltar el compromiso de Tohá y del Gobierno en materia de seguridad, evidenciado por la defensa de Yáñez.
El Presidente criticó a la UDI y a la derecha por solicitar la renuncia de funcionarios del Gobierno de manera constante, indicando que no tiene tiempo para tomar en serio esas demandas. La acusación constitucional contra Tohá debería ser votada en la Sala de la Cámara, una vez que se presente la decisión de la comisión revisora, que, aunque no es vinculante, se anticipa negativa debido a la mayoría oficialista en la instancia.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, también se pronunció sobre el elevado número de acusaciones constitucionales en el Congreso, que incluyen tres contra ministros de la Corte Suprema y otra contra la ministra Tohá. En una entrevista en radio Concierto, Elizalde criticó que el Congreso se distrajera con acusaciones sin fundamento en lugar de concentrarse en legislar sobre la agenda de seguridad. Afirmó que si realmente hubiera un compromiso con la seguridad por parte de quienes impulsaron la acusación, no deberían haberla presentado. Elizalde concluyó que la votación de sucesivas acusaciones constitucionales interfiere con la posibilidad de votar proyectos de ley.
