Tres acusaciones constitucionales se presentaron contra jueces de la Corte Suprema. La Cámara de Diputados revisará los casos en comisiones con mayoría opositora.
Tres acusaciones constitucionales fueron presentadas en el Parlamento en relación con tres jueces de la Corte Suprema. Sin embargo, esto no implica que cada juez haya recibido una acusación individual. En el caso de la magistrada Ángela Vivanco, se registraron dos acusaciones: una proveniente de partidos de izquierda y otra de la coalición Chile Vamos, que también incluyó a Sergio Muñoz. Por otro lado, la Democracia Cristiana (DC) lideró una tercera solicitud contra Jean Pierre Matus, la cual también contó con el respaldo del oficialismo.
La Cámara de Diputados llevó a cabo un sorteo para determinar los miembros de las tres comisiones encargadas de revisar las acusaciones, y en todas ellas se estableció una mayoría opositora. Aunque los libelos presentados por Chile Vamos y el encabezado por el Partido Socialista (PS) contra Vivanco coinciden en señalar un “abandono de deberes”, no fue posible unificar las acusaciones. La principal diferencia radica en el enfoque del PS, que apunta a la responsabilidad final de Andrés Chadwick, quien fue ministro del Interior durante el gobierno de Sebastián Piñera, en relación con los mensajes del teléfono de Luis Hermosilla, un nombre que no figura en la acusación presentada por la derecha.
El diputado Daniel Melo, del PS, explicó que “nuestro caso se fundamenta en el caso Hermosilla e inclusive las relaciones con Chadwick. Queremos ver si existe referencia al señor Chadwick en la otra acusación”. Por su parte, la diputada Ximena Ossandón de Renovación Nacional (RN) aclaró que “no es el señor Chadwick el acusado. Y de todas las formas hemos dicho que él debe dar su versión. Además, el PS no estaba tan convencido de votar en favor de la acusación constitucional a Muñoz, por eso no fuimos juntos”.
Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el presidente del partido, Guillermo Ramírez, manifestó que “no se había presentado antes porque confiábamos en las medidas disciplinarias que pudiese tomar la Corte, pero hoy entendemos que si no somos nosotros los que presentamos una acusación constitucional, estas irregularidades pueden que queden sin sanción”.
Con la conformación de las comisiones, los jueces acusados quedan sujetos a restricciones que les impiden abandonar el país y tienen un plazo de diez días para presentar sus defensas, ya sea de manera personal o por escrito. Posteriormente, se dispondrá de seis días para elaborar un informe que será presentado a la Sala para su votación. Si se aprueba, se formará otra comisión compuesta por tres diputados que se encargará de exponer el caso ante el Senado, que será el encargado de decidir el destino de los acusados.
Este proceso podría extenderse por un mes, lo que coincide con la proximidad de las elecciones municipales. No obstante, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que la situación se politice. “Podrá ser el miedo de algunos, pero no el del Ejecutivo. Creemos que el Parlamento tiene herramientas de fiscalización que son atribuciones constitucionales. Si fuera por elecciones, nunca habría ‘el mejor momento’”, afirmó Vallejo.
