La ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se encuentra recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, mientras enfrenta cargos por cohecho y lavado de activos en el caso conocido como “Muñeca bielorrusa”. La detención de Vivanco, que ocurrió la noche del domingo, fue objeto de una audiencia el lunes, donde su abogado defensor, Jorge Valladares, solicitó que se declarara ilegal su arresto, petición que fue rechazada por el tribunal.
El Ministerio Público, a través del fiscal Marcos Muñoz, respaldó la legalidad del arresto y anunció su intención de solicitar la prisión preventiva para Vivanco, argumentando la gravedad de los delitos que se le imputan. Tras la audiencia, la ex magistrada quedó bajo custodia en el Centro de Detención Femenina de San Joaquín, donde se han establecido protocolos específicos para internas de alta connotación pública.
Gendarmería de Chile ha aclarado que existen lineamientos internos que permiten evaluar cada caso de manera individual, priorizando la seguridad y la integridad de las internas. En este sentido, el Centro Penitenciario Femenino de Santiago cuenta con un sector separado para este tipo de casos, lo que garantiza condiciones de reclusión diferenciadas.
La defensa de Vivanco ha reconocido que se cumplirán las condiciones necesarias para su resguardo, ya que permanecerá en un área segregada y se le han autorizado algunos elementos básicos para asegurar un mínimo nivel de comodidad durante su reclusión.
Este caso ha generado un amplio interés mediático y ha puesto de relieve las implicaciones legales y éticas en el ámbito judicial chileno, especialmente en relación con la corrupción y el soborno. En el marco de la investigación, se han revelado detalles sobre un esquema de sobornos, donde el abogado Eduardo Lagos, actualmente en prisión preventiva, admitió haber realizado pagos para influir en decisiones judiciales.
