En una reciente declaración, la empresa Andes Iron ha desmentido categóricamente las afirmaciones publicadas por el medio Reportea, que indicaban que la compañía había pagado más de $200 millones a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos por servicios legales relacionados con el proyecto Dominga. Según el artículo de Reportea, estos pagos se habrían realizado entre el 30 de marzo y el 15 de diciembre de 2023, bajo el concepto de “honorarios por asesoría jurídica según contrato”, tal como se detalla en las facturas presentadas al Servicio de Impuestos Internos (SII).
En respuesta, Andes Iron ha calificado la información como “falsa, inexacta y completamente descontextualizada”, argumentando que induce a interpretaciones erróneas y carece de fundamento. La empresa aclaró que el contrato con el estudio jurídico de Gabriel Silber, vigente durante el mismo período, tenía como objetivo la elaboración de análisis jurídicos y evaluaciones de contexto legal, y no incluía labores de representación judicial ni gestiones de lobby.
Además, Andes Iron destacó que durante el tiempo de vigencia del contrato no se dictó ninguna resolución judicial que favoreciera al proyecto Dominga. La empresa subrayó que fue solo el 9 de diciembre de 2024 cuando el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dictó una sentencia que declaraba ilegal la decisión del Comité de Ministros de enero de 2023. Posteriormente, el 16 de septiembre de 2025, la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos contra dicho fallo.
“Resulta manifiestamente falso sostener que esta asesoría se habría prestado durante el período en que se habría cocinado el triunfo de la minera en tribunales”, afirmaron desde la empresa.
Por otro lado, Andes Iron también cuestionó la falta de comunicación por parte de Reportea, indicando que no existe registro de que el medio se haya puesto en contacto con ellos para obtener su versión antes de la publicación del reportaje. “Es llamativo que, considerando la gravedad de las imputaciones, el medio no haya realizado un esfuerzo mínimo y efectivo por obtener la versión de la empresa”, señalaron.
Finalmente, la empresa anunció que se reserva el derecho de ejercer todas las acciones legales necesarias para proteger su honra y reputación, así como su actuar conforme a derecho.
Este incidente se produce en un contexto donde la credibilidad de los medios de comunicación es un tema de creciente preocupación, y resalta la importancia de la verificación de hechos en la cobertura periodística.
