Durante la audiencia de este miércoles, el juicio por el presunto desfalco de más de $1.000 millones en la Municipalidad de Algarrobo, ubicada en la región de Valparaíso, avanzó con declaraciones que complican aún más la situación de los imputados. El Ministerio Público afirmó que posee suficientes antecedentes para demostrar la malversación de fondos públicos.
En el Tribunal Oral en Lo Penal de San Antonio, el exalcalde José Luis Yáñez admitió haber recibido una transferencia de $25 millones desde la empresa Excavaciones Peña, dinero que, según su testimonio, utilizó para la compra de divisas y la adquisición de un terreno en Estados Unidos.
La Fiscalía ha presentado cargos no solo contra Yáñez, sino también contra su expareja y ex tesorera municipal, Belén Carrasco, y su cuñado, Sixto Carrasco, a quienes se les acusa de liderar un plan sistemático de malversación de caudales públicos. Durante su declaración, Carrasco negó haber sido designada formalmente como tesorera del municipio y afirmó que no figuraba en la unidad de tesorería según el reglamento interno de la municipalidad, contradiciendo su declaración anterior.
El fiscal Claudio Reveco destacó que han reunido pruebas suficientes que, a su juicio, demostrarían los delitos acusados. En contraste, la ex concejala y querellante en el caso, Marcela Mancilla, argumentó que, según los abogados defensores, no se configuraría el delito de malversación de fondos públicos, ya que las transferencias de dinero requerían la autorización de un apoderado bancario. Mancilla mencionó que las transacciones fueron aprobadas por personas distintas a Yáñez, citando a Cristian Celedón, ex director jurídico, y Consuelo Gutiérrez, ex directora de DIDECO, quienes también actuaron como apoderados bancarios.
El juicio continúa, y se espera que se presenten más testimonios y evidencias en las próximas audiencias.
