El ajuste de US$ 600 millones en el gasto público, acordado entre el Ejecutivo y el Legislativo a finales de noviembre, ha comenzado a implementarse la semana pasada y ha generado diversas reacciones. El Ministerio Público fue el primero en expresar su descontento, señalando un recorte de $ 7.000 millones en su presupuesto, lo que, según el fiscal nacional, Ángel Valencia, podría afectar negativamente la persecución penal.
Reacciones del Poder Judicial
El Poder Judicial se unió a las críticas en la tarde del martes, tras un Pleno extraordinario convocado para discutir el tema. La Corte Suprema emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por el ajuste presupuestario, que en su caso supera los $ 17.000 millones. En el comunicado, se indica: “Con ocasión de la reducción sustancial a partidas del presupuesto del Poder Judicial del año 2025, esta Corte Suprema manifiesta su preocupación”, según lo declarado por el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco.
De los $ 17.395 millones que se recortan, $ 10.606 millones corresponden al Poder Judicial, mientras que $ 5.715 millones son para la Corporación Administrativa. En cuanto a los detalles del recorte, el subtítulo relativo a personal (21) se ve afectado en $ 12.152 millones, mientras que en bienes y servicios de consumo (22) el ajuste es de $ 4.798 millones. La reducción en la adquisición de activos no financieros (subtítulo 29) será de $ 443 millones.
Impacto en el funcionamiento de los tribunales
Respecto a los gastos en personal, la disminución tendrá un “fuerte impacto en el funcionamiento operativo de tribunales”, que actualmente enfrentan una considerable sobrecarga laboral debido a la implementación de nuevas leyes sin un aumento en la dotación de personal, el incremento de la población y la aparición de nuevos delitos, entre otros factores. La declaración del Pleno señala: “La actual situación de carga implica que los tribunales trabajen al límite de sus capacidades de atención, tramitación y resolución, lo que hace especialmente relevante poder mantener la continuidad ante ausencias, especialmente de jueces, empleados y otros cargos críticos”. Además, se advierte que el recorte en personal “pone en serio riesgo la continuidad operacional de la institución”.
En cuanto al recorte en el gasto de bienes y servicios de consumo, la reducción mencionada implica “no reconocer el déficit estructural existente”, según el tribunal, que ya había sido “latamente explicado en diferentes instancias” durante el año 2024. La necesidad real de financiamiento se evidenció en el último aumento presupuestario de este subtítulo por un monto de $ 6.500 millones. Para el año 2025, además de los mayores costos asociados al aumento del valor de la unidad de fomento y otros costos operacionales, se prevé la renovación a nivel nacional del servicio de guardia, que representa más del 20% del presupuesto estructural y cuyo aumento, no financiado en la ley del año 2025, se estima cercano al 30%, motivado principalmente por el aumento del salario mínimo y la ley de 40 horas. También se anticipa el impacto real por el aumento del costo de la electricidad, lo que incrementará el déficit en este subtítulo del Poder del Estado, que podría alcanzar los $ 8 mil millones.
Consecuencias del recorte en adquisición de activos
En relación a los menores recursos para el subtítulo 29 sobre adquisición de activos no financieros, la reducción afectará las renovaciones de licencias necesarias para la operatividad y seguridad informática de los sistemas del Poder Judicial. Esto implica una disminución de las medidas de ciberseguridad ya implementadas, lo que conlleva riesgos significativos, especialmente en el resguardo de datos sensibles de los usuarios. La Corte Suprema ha manifestado su preocupación ante este escenario, indicando que “lo expuesto afectará seriamente el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia”, y se ha hecho un llamado a la opinión pública para que comprenda la gravedad del recorte presupuestario realizado.
