Nueve compañías sanitarias están en proceso tarifario ante la SISS, afectando a más de 3 millones de clientes. Se prevén alzas por el cambio climático.
Nueve compañías del sector sanitario están actualmente inmersas en un proceso tarifario ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) con el objetivo de establecer los precios del agua potable para los próximos cinco años. Este proceso afectará a más de 3 millones de clientes, lo que representa el 51% del total de usuarios de agua potable en el país. Las empresas involucradas en este proceso incluyen Aguas Andinas, Esval, Aguas San Pedro, Alberto Planella Ortiz Loteo Santa Rosa del Peral, Comunidad de Servicios Remodelación San Borja, Empresa de Agua Potable Izarra de lo Aguirre, Servicios Sanitarios Larapinta, Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro y Empresa de Servicios Totoralillo. Se espera que este proceso tarifario concluya a finales de este año o a principios de 2025.
Aunque las empresas aún no han proporcionado detalles sobre los posibles cambios en las tarifas, expertos de la industria sugieren que es probable que se produzcan aumentos en los precios del agua potable en el próximo quinquenio. Esta expectativa se fundamenta en los efectos del cambio climático, que han dificultado el acceso al agua. Rodrigo Weisner, exdirector General de Aguas, comentó: “El acceso al agua está siendo cada vez más difícil, producto de la menor oferta hídrica de la naturaleza. El otro punto tiene que ver con el proceso de resiliencia, lo que ha obligado a las sanitarias a prepararse para enfrentar esto con plantas desaladoras, tratamientos de agua, etc. Este escenario va a tender de todas formas a un alza en las tarifas de agua potable”.
Por otro lado, Paula Elías, especialista en derecho de aguas de Elías Abogados, indicó que los aumentos en las tarifas deberían ser más bien marginales, dado que el regulador tiene un enfoque en que los prestadores de servicios sanitarios, a medida que crecen y avanzan tecnológicamente, deben ser más eficientes. Elías enfatizó que “la eficiencia tecnológica y sustentabilidad ambiental tiene un altísimo costo y las inversiones deben ser consideradas en las tarifas. De esta manera, deberá existir una decisión política sobre quién asume ese costo, si es el cliente o a través de qué fórmula se le compensa al prestador”. Además, destacó que los costos y aumentos varían significativamente según la realidad regional, lo que implica que las tarifas de tratamiento y disposición no son comparables a las de producción y distribución de agua potable en diferentes regiones del país.
Según el último Reporte Anual de la Industria del Agua Potable y Saneamiento 2023, elaborado por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), las empresas del sector han estado trabajando en anticipar los efectos del cambio climático, lo que implica una inversión proyectada de más de 2.378 millones de dólares en el período 2020-2040.
En la actualidad, hay 19 procesos tarifarios en curso en Chile, que involucran a empresas sanitarias de cinco regiones: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Ñuble y Araucanía. En esta ronda de negociaciones, Aguas Andinas y Esval son las dos empresas que abarcan el 99% de los hogares que experimentarán cambios en sus tarifas. Aguas Andinas, junto a sus filiales, proporciona agua potable a 2,3 millones de hogares en Chile, mientras que Esval abastece a 703 mil viviendas. Ambas compañías están programadas para intercambiar sus estudios tarifarios con la SISS en un encuentro que se llevará a cabo el martes, acercándose a la fecha de implementación de las nuevas tarifas, prevista para marzo de 2025.
En respuesta a la posible alza en las tarifas, Aguas Andinas subrayó que Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático, enfrentando tanto escasez hídrica como eventos extremos que amenazan la provisión del servicio. El director de transformación de Aguas Andinas, Iván Yarur, afirmó: “Para mantener la calidad y continuidad del suministro en beneficio de la ciudad y sus habitantes es necesario adecuar los estándares de seguridad y sumar mayor resiliencia hídrica con más y nuevas obras que, necesariamente, implican una revisión tarifaria, cuya magnitud dependerá de los estándares e inversiones que el regulador quiera materializar, lo que aún se encuentra en fase de revisión técnica”.
Desde Esval, se enfatizó que el proceso tarifario es una instancia reglada y técnica que está en curso, por lo que no pueden anticipar su efecto. Sin embargo, la empresa destacó que busca establecer tarifas costo-eficientes para autofinanciar sus inversiones y operaciones, basándose en un modelo teórico de empresa 100% eficiente. Esval también mencionó que la Región de Valparaíso ha sido una de las más afectadas por la sequía en los últimos 15 años, lo que hace que el mantenimiento de la continuidad del suministro requiera inversiones y operaciones que deben reflejarse en la tarifa. Además, la robustez y resiliencia de los sistemas frente a los efectos del cambio climático, como los episodios de alta turbiedad en los cauces superficiales, deben ser considerados en este proceso.
En el proceso tarifario anterior, Aguas Andinas redujo sus tarifas en un 3%, mientras que Esval mantuvo sus precios sin cambios.
