El 4 de marzo de 2026, entró en vigor en Chile una nueva ley que prohíbe el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en todos los niveles del sistema educativo, con excepción de las universidades. Esta normativa busca mitigar los efectos negativos que el uso excesivo de estos dispositivos puede tener en el desarrollo cerebral de los niños y adolescentes, según lo expuesto por el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza (UDI), quien mencionó que “cada vez salen más estudios del daño que provoca a nivel cerebral de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
La ley, que fue publicada en el Diario Oficial a mediados de febrero, se basa en experiencias internacionales, como un estudio de Países Bajos que reveló que la prohibición de celulares en el aula mejoró la concentración y el clima social en un 75% y 59%, respectivamente. Sin embargo, la implementación de esta normativa ha generado controversia en el ámbito docente, especialmente tras la aclaración del entonces ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), de que la prohibición también se extiende a los profesores.
A pesar de que la Superintendencia de Educación otorgó un plazo hasta el 30 de junio para que los colegios adapten sus reglamentos a la nueva ley, algunos establecimientos ya han comenzado a aplicar las restricciones. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, ha señalado que muchos docentes han expresado su preocupación, ya que los celulares son utilizados en muchas ocasiones para fines pedagógicos y para la coordinación interna en las escuelas. Aguilar comentó que “se han recibido inquietudes, porque en muchísimos lugares se utilizan los celulares y los dispositivos para el mismo trabajo pedagógico”.
Por su parte, Monona Valdés, directora de Educación Diferencial de la Universidad Andrés Bello, advirtió que la extensión de la prohibición a los docentes podría debilitar su autoridad y complicar la enseñanza en contextos donde el acceso a internet es limitado. Valdés argumentó que “esta prohibición limita la capacidad del docente para responder de manera oportuna a situaciones emergentes del aula” y que en muchos casos, el teléfono personal del docente es una herramienta de trabajo esencial.
Soledad Garcés, directora de la Fundación para la Convivencia Digital, también ha señalado que la implementación de la ley ha encontrado resistencia entre los profesores, quienes sienten que la normativa los coloca en una posición similar a la de los estudiantes. Garcés destacó que “hay docentes que le dan un valor pedagógico al dispositivo que no existe” y que la normativa no considera las realidades de los establecimientos con brechas digitales.
A pesar de las críticas, algunos educadores han reportado efectos positivos en los estudiantes, como un aumento en la interacción social y la participación en juegos físicos. Aguilar mencionó que “los niños empiezan a tener una apertura a una actitud más social”. Desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago Centro, se ha enfatizado que los reglamentos internos se elaborarán considerando las particularidades de cada comunidad educativa y que se analizarán los efectos de la normativa en el aprendizaje y la convivencia escolar en colaboración con centros de estudio.
El Ministerio de Educación ha proporcionado orientaciones para la adecuación de los reglamentos, las cuales se basan en la premisa de que la restricción del uso de dispositivos electrónicos puede generar “mejores condiciones para el aprendizaje”. Los colegios tendrán hasta junio para revisar y validar sus reglamentos internos, en un proceso que busca equilibrar la normativa con las necesidades educativas de cada establecimiento.
