La presidenta de la Corte Suprema de Chile, Gloria Ana Chevesich, ha propuesto la eliminación del indulto presidencial, sugiriendo en su lugar la creación de un organismo colegiado que evalúe estos casos. En una entrevista con 24 Horas, Chevesich argumentó que el actual mecanismo de indulto “debe ser eliminado” y que un consejo debería analizar los casos, ya que la decisión depende de las razones invocadas, lo que requiere establecer criterios técnicos y mayor transparencia en un proceso que actualmente está en manos del presidente de la República.
La magistrada destacó que la Constitución chilena establece que no se pueden revivir procesos fenecidos ni criticar decisiones jurisdiccionales, lo que la lleva a concluir que la figura del indulto debería ser reconsiderada. Esta propuesta surge en un contexto de controversias sobre el uso del indulto en los últimos años, especialmente durante el gobierno de Gabriel Boric, donde la oposición criticó fuertemente los indultos otorgados a personas detenidas durante el Estallido Social.
Por otro lado, el actual presidente, José Antonio Kast, ha defendido el uso del indulto, afirmando en una entrevista con T13 que “la facultad del indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”. Kast ha indicado que su administración ya está revisando casos, argumentando que el país ha vivido un periodo de “violencia extrema” y que es necesario avanzar hacia procesos de reconciliación, sugiriendo que “hay que partir perdonando” para recuperar la paz a través del diálogo.
Chevesich también se refirió a las intenciones de Kast, mencionando que, aunque el presidente electo había expresado que no le gustaba la figura del indulto, estaba dispuesto a analizarlo porque es una facultad que le corresponde. La propuesta de Chevesich busca despersonalizar esta atribución, que históricamente ha estado concentrada en el Ejecutivo, trasladándola a un consejo que evalúe cada situación bajo parámetros objetivos. Esto, según la presidenta de la Corte Suprema, podría fortalecer la confianza en las instituciones y evitar cuestionamientos sobre criterios políticos en la concesión de indultos.
La discusión sobre esta propuesta ya ha comenzado a resonar en el ámbito público y podría abrir la puerta a una reforma estructural del sistema, en un momento en que el uso del indulto sigue generando tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
