La diputada del Frente Amplio, Maite Orsini, se encuentra en el centro de una controversia tras la revelación de un reportaje de T13 que detalla su rechazo a postular al programa de familias de acogida. Según la investigación, la negativa se debió a la entrega presunta de un vaporizador de marihuana a una adolescente bajo su cuidado, quien forma parte del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez).
El reportaje indica que Orsini no fue aceptada como familia de acogida debido a irregularidades en su relación con la menor. Documentos internos citados por T13 revelan que la parlamentaria incumplió compromisos de visita establecidos para febrero de 2023, limitándose a mantener contacto telefónico con la adolescente. Un correo institucional menciona que se había acordado que Orsini visitaría a la menor una vez por semana, pero no se presentó a las citas programadas.
Además, se señala que su entonces pareja, Jorge Valdivia, habría retirado a la menor del colegio sin la autorización formal necesaria. En otro episodio, se reportó que la adolescente fue sorprendida consumiendo THC (marihuana) mediante un vaporizador, y al ser cuestionada, afirmó que el dispositivo le había sido entregado por su “tía Maite”. El documento menciona que la menor mostró una actitud desafiante ante el personal que intentó dialogar con ella sobre el consumo de sustancias.
En respuesta a las acusaciones, Maite Orsini emitió una declaración pública en la que negó haber postulado al programa de familias de acogida, aclarando que su rol es el de “tercera significativa”. “He resguardado con absoluta reserva el vínculo que mantengo con ella por convicción ética y por mandato legal”, afirmó Orsini, quien también expresó su intención de tomar acciones legales por la filtración de información que considera reservada y que podría contravenir la normativa de protección infantil.
Orsini enfatizó que su compromiso ha sido siempre priorizar el bienestar de la adolescente, y que la difusión de estos antecedentes es “éticamente reprochable”. La situación ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en el cuidado de menores y la protección de su privacidad.
