Un jurado federal en Estados Unidos ha dictaminado que Uber deberá abonar 8.5 millones de dólares a una usuaria que denunció haber sido agredida sexualmente por un conductor de la plataforma. Este fallo representa el primer veredicto en un litigio multidistrital que agrupa numerosas reclamaciones similares en el sistema judicial estadounidense.
La decisión del jurado se fundamenta en la teoría de la autoridad aparente, que establece que una empresa puede ser considerada responsable por las acciones de un tercero si su comportamiento induce a los clientes a creer que dicho tercero actúa en nombre de la organización, aun sin un contrato laboral formal. En este caso, el jurado determinó que el conductor actuó como un agente aparente de Uber.
Durante el juicio, la demandante presentó varias acusaciones, incluyendo negligencia en la contratación y supervisión de conductores, así como defectos en el diseño del producto. Aunque se solicitó una compensación mayor por daños morales y punitivos, el tribunal desestimó estas solicitudes adicionales. Entre las pruebas presentadas se incluyó un análisis del algoritmo de riesgo de Uber, que había calificado el viaje en cuestión como de alto peligro sin emitir alertas previas a la usuaria.
Este caso se tramita en el Distrito Norte de California y, a diferencia de las demandas colectivas, permite que cada demandante mantenga su causa individual mientras se comparten las etapas de investigación y descubrimiento de pruebas. Actualmente, el litigio agrupa más de 3,000 demandas de pasajeros en diferentes partes de Estados Unidos.
El veredicto se suma a otros antecedentes judiciales y acciones gubernamentales que han cuestionado el modelo operativo de Uber. Recientemente, el Tribunal Supremo de Nueva Zelanda dictaminó que los conductores deben ser considerados empleados, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado acciones legales por presuntas prácticas discriminatorias hacia personas con discapacidad. Este fallo en California podría tener un impacto significativo en las futuras resoluciones y acuerdos de las causas pendientes en el distrito federal.
