La Contraloría General de la República de Chile ha revelado serias irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la emergencia provocada por el megaincendio en la región de Valparaíso en febrero de 2024.
Los hallazgos provienen de cinco informes de auditoría que examinaron la gestión de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, así como de las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, y la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Entre las principales irregularidades identificadas se encuentran pagos no acreditados, gastos improcedentes, posibles sobreprecios, deficiencias en los procesos de compra y falta de control en la entrega de ayudas a los damnificados.
Como resultado de estas irregularidades, la Contraloría ha ordenado la realización de sumarios administrativos y ha remitido antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se determinen eventuales responsabilidades.
En el caso específico de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el Informe N°528 de 2025 señala que se realizaron pagos que superan los $586 millones sin el respaldo adecuado, en el contexto de adquisiciones durante la emergencia. Además, se detectaron posibles sobreprecios y un uso injustificado del trato directo en las contrataciones, lo que ha llevado a la Contraloría a enviar antecedentes a organismos persecutores.
Por otro lado, el Informe N°535 de 2025 sobre la Municipalidad de Quilpué reveló gastos improcedentes, incluyendo la compra de cocinillas que carecían de certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). También se identificó el extravío de bienes donados y deficiencias en la entrega de ayudas a las familias afectadas, lo que ha motivado la orden de iniciar procesos disciplinarios y adoptar medidas correctivas.
En cuanto a la Municipalidad de Viña del Mar, el Informe N°503 de 2025 detectó irregularidades en la administración de ingresos, gastos, donaciones y beneficios entregados a las personas afectadas entre febrero de 2024 y abril de 2025. La Contraloría advirtió sobre la falta de trazabilidad en la entrega de ayudas y debilidades en la rendición de recursos, lo que ha llevado a la instrucción de un sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.
Finalmente, el Informe Final N°805 de 2025 sobre la Dirección Regional de Arquitectura del MOP estableció que se realizaron pagos indebidos superiores a $434 millones por demoliciones que no se ejecutaron o que se realizaron parcialmente. Además, el Informe Final N°500 de 2025 detectó pagos no acreditados por más de $782 millones en trabajos de demolición en el sector El Olivar, evidenciando irregularidades en las adjudicaciones y posibles sobreprecios. Ante estos hallazgos, la Contraloría ha instruido un sumario administrativo y ha solicitado información relacionada con una investigación previa de la Fiscalía Nacional del MOP.
