El Gobierno de Chile ha promulgado la Ley de Seguridad Municipal, que regula el papel de los municipios en la seguridad pública tras su aprobación en el Tribunal Constitucional.
Esta nueva legislación establece claramente el rol preventivo de los gobiernos locales en la seguridad pública, otorgando atribuciones específicas para actuar en situaciones de flagrancia, realizar patrullajes y llevar a cabo labores preventivas. Por primera vez, los equipos de seguridad municipal cuentan con un reconocimiento legal que les proporciona una garantía administrativa para desempeñar sus funciones en el espacio público.
Entre las disposiciones más relevantes de la ley se encuentran la capacitación de los inspectores municipales y la definición de funciones autónomas, que incluyen la detención en flagrancia, la incautación de mercancías ilegales y la televigilancia. Además, se establecen funciones colaborativas con las fuerzas policiales, como controles de tránsito, patrullajes mixtos y apoyo en medidas cautelares en casos de violencia intrafamiliar.
La normativa también introduce medidas de protección para los funcionarios, incluyendo una agravante penal para quienes agredan a inspectores municipales en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se exige a los municipios que proporcionen a estos inspectores elementos defensivos certificados y la capacitación necesaria para su uso.
En cuanto a la tecnología, la Ley de Seguridad Municipal regula el uso de cámaras, drones y sistemas de televigilancia, buscando equilibrar la eficacia operativa con la protección de los datos personales de los ciudadanos.
Para financiar estas iniciativas, la Subsecretaría de Prevención del Delito destinará $5.100 millones para la adquisición de elementos de protección para los inspectores, priorizando las áreas de mayor vulnerabilidad. Además, se asignarán $208 millones para la implementación de plataformas tecnológicas y la interconexión de registros.
La ley entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, y su implementación será gradual, permitiendo a las comunas adecuar sus capacidades administrativas y de infraestructura para mejorar la seguridad y la prevención del delito en el país.
