La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París ha solicitado este martes la condena de Marine Le Pen a cinco años de inhabilitación por malversación de fondos europeos, así como a cuatro años de prisión, de los cuales solo uno sería de cumplimiento firme con un brazalete electrónico, además de una multa de 100.000 euros.
Durante la audiencia, los fiscales presentaron una requisitoria que, aunque menos severa que la condena inicial, solicitó que la inhabilitación no sea inmediata y redujo la pena de prisión firme a un año, en lugar de dos. Tras la presentación de los cargos, Le Pen abandonó el tribunal sin realizar declaraciones a la prensa.
La líder del partido Agrupación Nacional (RN) y otras diez personas vinculadas a su formación fueron condenadas en marzo de 2025 por malversación de fondos públicos de la Eurocámara. Se les acusó de utilizar asistentes parlamentarios para labores relacionadas con el Frente Nacional, el antiguo nombre del RN, en lugar de sus funciones en el Parlamento Europeo.
La condena inicial incluía una inhabilitación de ejecución inmediata, lo que podría impedir a Le Pen participar en las próximas elecciones presidenciales si la sentencia de apelación, programada para el verano del hemisferio norte, no lo evita. Los fiscales criticaron duramente el esquema de malversación en el que participaron los condenados, la mitad de los cuales ocupan actualmente cargos en el RN.
El fiscal Thierry Ramonatxo, durante su intervención, destacó el cambio de tono de Le Pen en la apelación, pero consideró inaceptables los “ataques mediatizados” que realizó en primera instancia contra el sistema judicial. También mencionó las “amenazas explícitas de muerte” que recibieron los magistrados que dictaron la condena inicial.
El abogado general argumentó que se demostró la existencia de una “organización fraudulenta” destinada a financiar el Frente Nacional, que enfrentaba serios problemas económicos en ese momento. “Se trata de un sistema diseñado para desviar fondos públicos, despreciando las reglas de probidad y el funcionamiento de lo público”, lamentó.
El otro abogado general, Stéphane Madoz-Blanchet, criticó las acciones de Le Pen, afirmando que ser una figura electa no la exime de la ley, sino que impone una mayor responsabilidad. En la condena inicial, los jueces concluyeron que Le Pen había heredado de su padre un sistema de financiación ilegal que utilizó entre 2004 y 2016, causando un perjuicio estimado de más de cuatro millones de euros a la Eurocámara.
En su defensa durante el juicio de apelación, Le Pen argumentó que actuó de buena fe y que no tenía la intención de cometer un delito. “Si he cometido un delito, no tenía el sentimiento de haberlo hecho”, afirmó, insistiendo en que todas sus acciones fueron transparentes y que el Parlamento Europeo nunca les advirtió sobre posibles irregularidades.
