El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha emitido una orden de detención contra Alberto Larraín y cinco personas más, en el contexto del Caso ProCultura, que investiga irregularidades en la gestión de fondos públicos.
La medida judicial afecta a Larraín, cofundador de la ONG ProCultura, así como a María Constanza Gómez, representante legal de la organización; María Teresa Abusleme, ex directora de estudios; Evelyn Magdaleno, ex jefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional Metropolitano; y Gabriel Prado, quien fue contratado por el Gobierno Regional para actuar como enlace con la fundación. La solicitud de detención fue presentada por el fiscal regional Juan Castro Bekios, quien lidera esta parte de la investigación que se desprende del Caso Convenios.
La orden de detención se relaciona con un convenio firmado entre la Gobernación Regional Metropolitana y la Fundación ProCultura, mediante el cual se destinaron aproximadamente $1.600 millones para un programa de prevención del suicidio denominado “Quédate”. Este acuerdo ha suscitado interrogantes sobre la correcta utilización de los fondos públicos y el rol de las autoridades involucradas.
Además, la investigación también se centra en Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, quien está siendo investigado por su participación en el caso. La Fiscalía ha solicitado su desafuero, pero hasta el momento, la Corte de Apelaciones de Santiago no ha fijado una fecha para revisar este asunto.
Desde su situación de prisión preventiva, Larraín ha denunciado que el Ministerio Público ha perdido objetividad, argumentando que la causa se basa en filtraciones y declaraciones que considera falsas. En un contexto más amplio, la situación ha reavivado críticas hacia la gestión del alcalde de Santiago, quien ha sido cuestionado por la falta de control y protección a los vecinos, especialmente tras incidentes recientes en la galería sur de la ciudad.
Por su parte, el presidente Sebastián Piñera ha manifestado que cualquier mal uso de los recursos del Pase Cultural debe ser investigado y que los fondos deben ser devueltos si se comprueba su uso indebido. La situación se desarrolla en un clima de recortes presupuestarios y un enfoque de seguridad reforzado en el país, lo que añade presión sobre las autoridades para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
