Iniciativas para reformar la renovación de licencias de conducir en Argentina buscan simplificar trámites y mejorar la seguridad vial con un enfoque integral.
Un grupo de expertos en seguridad vial ha tomado la iniciativa, liderada por la diputada Patricia Vasquez y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para modificar el proceso de renovación de licencias de conducir en Argentina. Este esfuerzo se centra en la redacción de un informe que propone una reforma más profunda, con un énfasis particular en el acceso a la primera licencia de conducir.
El proyecto de ley que la legisladora del Pro está impulsando, sobre el cual trabaja el gobierno, busca que el trámite sea virtual y gratuito, incluyendo la certificación del estado psicofísico de los conductores a través de una declaración jurada emitida por un profesional de la salud homologado para tal fin. El objetivo de esta propuesta es facilitar a los usuarios el ahorro de tiempo en trámites burocráticos, al mismo tiempo que se busca reducir costos que solo alimentan las cajas recaudatorias.
Los expertos que apoyan esta iniciativa argumentan que existe un reconocimiento generalizado entre los ciudadanos sobre la buena predisposición hacia las desregulaciones y la simplificación de procesos, pero también se plantea la necesidad de ir más allá, enfocándose en que estas medidas ofrezcan una posibilidad real de mejora en la seguridad vial. Entre los profesionales que han confeccionado el documento se encuentran Horacio Botta Bernaus, Fabián Pons, Osvaldo Aymo y Marcelo Duquez, quienes poseen una amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado, así como en docencia y publicaciones.
En la introducción del informe, se expresa que “es necesario evitar una propuesta de cambio radical en el sistema de licencias que se funde únicamente en cuestiones económicas, de corrupción o burocracia, incorporando una visión superadora en materia vial”. Este documento fue remitido el martes a las oficinas de Vasquez y Sturzenegger, así como a la presidenta de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel, y al diputado Martín Menem.
Se resalta que “la obtención de la licencia constituye el primer eslabón de una cadena esencial para lograr una movilidad segura”. Además, se menciona que “parte de la complejidad y diversidad en la forma de obtener licencias en Argentina tiene su origen en que los constituyentes omitieron delegar al Congreso Nacional la facultad de dictar un único código de tránsito terrestre, razón por la cual cada provincia ha mantenido la potestad de dictar su propia legislación”. A pesar de esto, los expertos consideran que es posible construir consensos para aprobar normas mínimas en todas las jurisdicciones.
El informe detalla 16 puntos técnicos fundamentales para el otorgamiento de licencias de conducir, entre los cuales se destacan la simplicidad, la transparencia, la profesionalidad, la máxima exigencia, la exclusividad e irrevocabilidad del derecho adquirido vitalicio, así como la implementación de procesos de calidad exigentes con altos estándares. Se establece que no será necesaria la renovación antes de diez años, salvo en casos de suspensión o cancelación por reiteradas infracciones, y se propone que la participación en accidentes viales excesivos sea motivo para la denegación de la licencia. También se menciona que las multas pendientes de pago en todo el país deben ser revisadas en el contexto de la evaluación psicofísica vinculada a las aptitudes y capacidades del solicitante, así como la necesidad de incorporar tecnología y simuladores para mejorar la efectividad del aprendizaje. Además, se propone fomentar la creación de academias privadas, bajo el control estatal, que utilicen herramientas adecuadas para la enseñanza.
Finalmente, se sugiere que mantener accesibles los textos de la normativa sería conveniente, permitiendo la inclusión de impuestos y tasas que estén directamente relacionados con los servicios requeridos. También se plantea que la función económica de la misma temática sugiere que el autofinanciamiento impediría que los fondos obtenidos ingresen a las rentas generales, lo que podría desfinanciar el programa.
