La pena de muerte experimentó un aumento significativo en 2025, a pesar de la tendencia global hacia su abolición, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este incremento se ha visto impulsado por un grupo reducido de países que aún mantienen esta práctica en sus legislaciones, lo que ha generado preocupación a nivel internacional.
El Alto Comisionado destacó que muchas de las condenas a muerte impuestas no cumplen con el umbral de gravedad exigido por el derecho internacional. Además, se denunció la ejecución de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad y el secretismo que rodea la aplicación de la pena capital en varios Estados. El informe subraya que el aumento de ejecuciones se debe, en gran medida, a un incremento en las condenas por delitos relacionados con drogas, que no implican asesinato premeditado, lo que contraviene el derecho internacional y resulta ineficaz como medida disuasoria.
Según datos de la ONU, Irán registró al menos 1.500 ejecuciones en 2025, de las cuales un 47% correspondió a delitos vinculados a drogas. Este uso sistemático de la pena de muerte se ha convertido en una herramienta de intimidación estatal, afectando desproporcionadamente a minorías y migrantes. En Arabia Saudita, las ejecuciones alcanzaron al menos 356, superando el récord del año anterior, con un 78% de las sentencias relacionadas con delitos de drogas. El Alto Comisionado también informó que al menos dos de las personas ejecutadas en Arabia Saudita habían sido condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, lo que plantea serias preocupaciones sobre la protección de los derechos de los niños.
En Estados Unidos, se llevaron a cabo 47 ejecuciones en 2025, la cifra más alta en 16 años. La introducción del uso del gas como método de ejecución ha suscitado inquietudes sobre la posibilidad de que constituya tortura o un castigo cruel. En Afganistán, las ejecuciones públicas continuaron, contraviniendo el derecho internacional, con incidentes reportados en estadios deportivos donde familiares de las víctimas llevaron a cabo las ejecuciones.
Otras naciones también reportaron ejecuciones, como Somalia con 24 y Singapur con 17. En China y Corea del Norte, la falta de transparencia dificulta la obtención de cifras precisas sobre la pena de muerte. Bielorrusia, por su parte, ha ampliado recientemente el catálogo de delitos que pueden ser castigados con la pena capital, en el contexto de su legislación sobre seguridad nacional y lucha contra el terrorismo.
El informe también menciona propuestas legislativas en Israel que buscan ampliar el uso de la pena de muerte, específicamente aplicables a palestinos, lo que podría vulnerar el derecho a un juicio justo y otras normas internacionales. Asimismo, se condenaron las ejecuciones llevadas a cabo por Hamas en Gaza como violaciones de derechos humanos.
A pesar de este panorama desalentador, algunos países han tomado medidas positivas. Vietnam ha reducido el número de delitos que pueden ser sancionados con la pena de muerte, mientras que Pakistán ha abolido este castigo para dos delitos no letales, aunque lo mantiene para otros 29. Zimbabue eliminó la pena de muerte para delitos comunes a finales de 2024, y Kenia ha iniciado una revisión legislativa sobre el castigo capital.
