La Sala del Senado de Chile ha comenzado el primer debate sobre un proyecto de ley que propone permitir el cumplimiento de penas privativas de libertad a través de la reclusión domiciliaria total para ciertos grupos de reclusos, como aquellos con enfermedades terminales y personas mayores.
La discusión se llevó a cabo en un ambiente de intenso debate técnico, jurídico y político, donde se analizó la iniciativa que busca establecer un régimen alternativo de cumplimiento de penas. Este proyecto, originado en una moción de varios senadores, entre ellos Francisco Chahuán y Luz Ebensperger, fue revisado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía antes de su presentación en el Senado.
Antes de iniciar el debate, algunos senadores solicitaron que la propuesta fuera revisada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, argumentando que se trata de temas que corresponden a esa instancia. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por la Sala con 21 votos a favor y 24 en contra.
El senador Juan Ignacio Latorre propuso una segunda discusión sobre la iniciativa, que no tiene carácter urgente, lo que significa que los comités decidirán cuándo se volverá a tratar. La primera discusión se extendió por más de dos horas, comenzando con un informe del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien destacó que el objetivo del proyecto es “humanizar el castigo penal” y permitir que los reclusos con enfermedades terminales puedan tener una muerte digna fuera de prisión.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, intervino en varias ocasiones para expresar la postura del gobierno en contra de la iniciativa. Gajardo presentó cifras sobre los potenciales beneficiarios, indicando que 370 de ellos están condenados por crímenes de lesa humanidad, y otros 365 por delitos comunes, incluyendo 192 por abusos sexuales y 155 por violación. El ministro argumentó que la propuesta presenta “falencias técnicas” y podría permitir que criminales de graves delitos cumplan sus condenas en sus domicilios.
Durante el debate, algunos senadores expresaron su apoyo a la iniciativa, argumentando que no se busca otorgar impunidad, sino garantizar condiciones dignas para los adultos mayores y enfermos en reclusión. Sin embargo, otros senadores advirtieron que la mayoría de los posibles beneficiarios son condenados por crímenes contra los derechos humanos, lo que requiere una evaluación cuidadosa de cada caso, considerando factores como el tiempo cumplido de la pena y la opinión de las víctimas.
El proyecto de ley consta de cuatro artículos. El primero establece cinco principios que deben seguirse en el cumplimiento de la pena. El segundo define la reclusión domiciliaria total como la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por el encierro en el domicilio del condenado, excluyendo la posibilidad de fijar como domicilio aquel donde resida la víctima del delito. El tercer artículo detalla las condiciones bajo las cuales un tribunal puede decretar el cumplimiento alternativo de la pena, mientras que el cuarto regula el procedimiento a seguir, incluyendo la presentación de antecedentes médicos que certifiquen la condición del recluso.
