El Código de Procedimiento Civil en Chile, vigente desde hace más de un siglo, presenta diferencias significativas con los procedimientos reformados en las áreas penal, de familia y laboral, lo que ha generado un debate sobre la necesidad de modernizar la justicia civil.
Branco Aravena Cuevas, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Playa Ancha, expone que, a pesar de la modernización en otros ámbitos del derecho, el Código de Procedimiento Civil sigue siendo un sistema escrito y de tramitación lenta, en contraste con los procedimientos más recientes que son predominantemente orales y más ágiles. Aravena destaca que el modelo civil actual se caracteriza por ser costoso, lo que lo convierte en un sistema de “pay to play”, donde los litigantes deben asumir gastos significativos desde el inicio del proceso, incluyendo costos de notificación y producción de pruebas.
En su análisis, Aravena señala que los costos asociados a la justicia civil son elevados, ya que los litigantes deben pagar por la gestión de notificaciones y la producción de pruebas, lo que incluye la intervención de receptores judiciales. Esto contrasta con los procedimientos reformados, que se describen como un modelo “free to play”, donde la notificación de demandas y otros requerimientos es gestionada por el Centro Integrado de Notificaciones, aliviando así la carga económica sobre los litigantes.
El profesor también menciona que, en los procedimientos reformados, la producción de pruebas se realiza directamente en la audiencia de juicio, lo que elimina la necesidad de intermediarios costosos. Sin embargo, los costos de obtención de pruebas periciales siguen siendo una carga para las partes, lo que introduce un elemento de “pay to win” en este contexto.
Aravena argumenta que no hay justificación para mantener estas diferencias en los modelos de litigación, ya que perpetúan una desigualdad en el acceso a la justicia. Propone que se realicen modificaciones al Código de Procedimiento Civil que permitan acercar su diseño al modelo más accesible de los procedimientos reformados. Entre las sugerencias, destaca la gestión de notificaciones a través del Centro de Notificaciones y la eliminación de la necesidad de receptores judiciales para la producción de pruebas, lo que podría agilizar los procesos y reducir costos.
El profesor concluye que es fundamental revisar y actualizar el sistema de justicia civil en Chile, para que sea más equitativo y eficiente, alineándose con las prácticas más modernas que ya se aplican en otras áreas del derecho.
