El ministro de Hacienda de Chile, Nicolás Grau, anunció la reposición de una norma que permitirá a los funcionarios a contrata con cinco años de antigüedad despedidos, presentar sus descargos ante la Contraloría. Esta medida se enmarca en el análisis de un proyecto de ley que busca otorgar un reajuste general de remuneraciones a los trabajadores del sector público, así como aguinaldos y otros beneficios.
La Comisión de Hacienda del Senado, que se reunió para revisar la propuesta, acordó solicitar antecedentes sobre diversos aspectos relacionados con la ley. Este proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, ahora se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado. La Comisión continuará su análisis el lunes 19 de enero, con la participación del ministro Grau, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y otros actores relevantes como la contralora Dorothy Pérez y representantes de diversas asociaciones de trabajadores.
La senadora Ximena Rincón, presidenta de la Comisión, indicó que se comenzará a votar el lunes, con la intención de que el proyecto sea discutido en la Sala del Senado el martes 20. Durante la sesión del jueves 15, varios representantes de organizaciones de trabajadores del sector público expusieron sus puntos de vista sobre la propuesta.
El proyecto contempla un aumento retroactivo del 2% a partir del 1 de diciembre de 2025, que se aplicará a las remuneraciones y beneficios de los trabajadores del sector público. Posteriormente, se prevé un reajuste adicional del 1,4% a partir del 1 de junio de 2026, lo que sumaría un total de 3,4% de reajuste.
El costo fiscal total del proyecto se estima en casi 1,6 billones de pesos, incluyendo el pago retroactivo. De esta cantidad, más de 838 mil millones de pesos corresponden al reajuste en sí, y se proyecta un gasto adicional de 1,14 billones para el año 2027.
Entre las disposiciones misceláneas del proyecto se incluyen la postergación del reavalúo de bienes raíces, la reducción de contribuciones a propiedades usurpadas, la exención del impuesto verde para vehículos de la Policía de Investigaciones, y la extensión de un fondo para la reconstrucción de Valparaíso, entre otros.
Uno de los puntos más debatidos en el primer trámite fue la normativa relacionada con los funcionarios a contrata, específicamente las ‘normas de amarre’ que se refieren al principio de confianza legítima. Se rechazó la posibilidad de que los funcionarios con dos años de antigüedad pudieran apelar a la Contraloría por despidos considerados injustificados. Sin embargo, el ministro Grau confirmó que se repondrá la norma que permite a los funcionarios con cinco años de antigüedad presentar sus descargos.
