La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó el proyecto de reajuste salarial para el sector público, que ahora será discutido en el Senado.
La iniciativa contempla un aumento del 3,4% en los sueldos de los funcionarios públicos, que se implementará en dos etapas: un 2,0% a partir de diciembre de 2025 y un 1,4% desde el 1 de junio de 2026. A pesar de que la mayoría de la propuesta fue respaldada por la Sala, se rechazaron varias normas de quórum, incluidas aquellas que la oposición denominó “normas de amarres”.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, expresó que el gobierno buscará reponer estos puntos en la discusión en el Senado, especialmente aquellos acordados con la Mesa del Sector Público. En total, 119 de los 132 artículos del reajuste fueron aprobados.
Entre los artículos que no lograron la aprobación se encuentran la ampliación de giro para Correos de Chile y Enap, así como el aporte de los Gobiernos Regionales (GORE) a empresas públicas y un nuevo calendario para la entrada en vigencia de ciertos Servicios Locales de Educación Pública (Sleps).
El reajuste del 3,4% incluye también bonos para funcionarios y aguinaldos, además de otros artículos que se consideran posibles “amarres” para empleados en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Agencia de Datos Personales.
En una conferencia de prensa en el Congreso, el Ministro Grau manifestó que el Ejecutivo se siente “satisfecho” con la aprobación mayoritaria, aunque reconoció que el rechazo de las normas con quórum cualificado fue un obstáculo. “Al menos en el caso de las normas que fueron rechazadas por quórum y que han sido acordadas con la Mesa del Sector Público, las vamos a reponer” en el Senado, aseguró.
La próxima etapa legislativa del proyecto podría enfrentar nuevas críticas, especialmente si el Ejecutivo decide reponer las normas relacionadas con la desvinculación de funcionarios a contrata, así como cuestionamientos sobre el financiamiento del reajuste. El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió que existe una brecha de financiamiento de US$822 millones que deberá ser cubierta mediante reasignaciones o un mayor uso de provisiones. La presidenta del CFA, Paula Benavides, recordó que el Presupuesto 2026 no contemplaba un reajuste de sueldos por IPC, y cualquier medida adicional debe ajustarse a los límites del presupuesto aprobado para evitar presiones sobre el resto del erario.
