La Contraloría General de la República de Chile ha revelado que varios trabajadores de entidades públicas, a pesar de tener prohibiciones judiciales, están laborando con niños, niñas y adolescentes. Esta situación fue detectada durante una fiscalización preventiva que identificó a 72 entidades públicas que tenían en sus filas a personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad.
Entre 2020 y agosto de 2025, se han registrado 164 individuos que se encuentran judicialmente inhabilitados y que están desempeñando funciones en instituciones públicas, la mayoría de ellos en el ámbito educativo. En 2025, se detectó que 35 de estas personas estaban trabajando en funciones que implican un fuerte vínculo con menores.
La investigación sugiere que las organizaciones involucradas pudieron haber ignorado las prohibiciones y aceptado a estos trabajadores a pesar de sus antecedentes. Esto ha generado preocupaciones sobre la calidad de la educación que se brinda a los alumnos en estos establecimientos. Entre las municipalidades y corporaciones mencionadas se encuentran la Municipalidad de El Bosque, la Municipalidad de Puyehue, y el Servicio Local de Educación Pública Maule Costa, entre otras.
Con el objetivo de reforzar las medidas de control y garantizar la transparencia, la Contraloría ha ordenado la destitución inmediata de todos los funcionarios que tienen condiciones judiciales que les prohíben trabajar con menores, conforme a lo estipulado en la Ley Nº 18.575. Esta normativa también contempla la posibilidad de la restitución de remuneraciones a los afectados.
La abogada María Elena Santibáñez, representante de una de las víctimas, ha solicitado penas de 12 años y medio por violación y 4 años y medio por abuso sexual en un caso relacionado, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta contundente por parte de las autoridades.
