El Ministerio Público de Chile ha confirmado que la investigación sobre el homicidio del ex teniente venezolano Ronald Ojeda continúa abierta y podría incluir nuevos imputados, incluso autoridades del gobierno venezolano.
La Fiscalía, a través de una declaración pública, proporcionó detalles sobre la indagatoria que involucra a la organización criminal transnacional conocida como Piratas de Aragua. Esta actualización se produce en un contexto de incertidumbre en Venezuela tras el arresto del presidente Nicolás Maduro. La investigación está liderada por el fiscal regional Héctor Barros y el fiscal jefe Alex Cortez, quienes dirigen un equipo especializado en el caso.
La primera acusación formal fue presentada por la Fiscalía ECO el 29 de diciembre, donde se imputó a 20 personas que actualmente se encuentran en prisión. El ente persecutor ha indicado que se espera la audiencia de preparación de juicio oral, un paso crucial para el avance del proceso judicial. Sin embargo, la investigación no se limita a estos acusados, ya que el Ministerio Público ha confirmado la existencia de una segunda causa abierta por los mismos hechos, que se dirige contra otros individuos que se encuentran fuera del país o que tienen órdenes de detención pendientes y solicitudes de extradición.
Desde la Fiscalía se ha enfatizado que “la investigación sigue activa” y que cualquier nuevo imputado o detenido será incorporado a la causa en curso. Esta ampliación podría incluir a autoridades venezolanas, dependiendo de los antecedentes que se obtengan. En este sentido, se están llevando a cabo indagatorias para esclarecer la posible participación de personas vinculadas al gobierno de Venezuela en el homicidio de Ojeda, incluyendo a figuras como Diosdado Cabello.
La Fiscalía ha señalado que existen elementos en la carpeta investigativa que sugieren que el homicidio tiene un carácter político, una afirmación que se ha mantenido desde el inicio de la investigación. Además, el Ministerio Público ha expresado su expectativa de que las autoridades venezolanas colaboren en la investigación, que se desarrolla en el marco de la persecución penal al crimen organizado transnacional, reafirmando así la complejidad e internacionalidad del caso.
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de tensiones políticas y acusaciones contra el gobierno venezolano, que enfrenta serias acusaciones de narcoterrorismo y tráfico de drogas por parte de la Fiscalía de Nueva York.
