La Contraloría General de la República (CGR) ha alertado sobre un grave desorden financiero que afecta a varios ministerios y municipalidades del país, acumulando más de 17.300 millones de dólares, lo que representa casi un sexto del presupuesto público de 2026, en recursos cuya información contable no ha podido ser validada debido a la falta de evidencia y control adecuado.
Este hallazgo, reportado por El Mercurio, forma parte del Segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) del organismo, que examinó los estados financieros de 73 entidades públicas entre 2020 y 2024, incluyendo 50 del Gobierno Central y 23 del sector municipal. En todos los casos auditados se registró una “abstención de opinión”, lo que indica que los auditores no pudieron confirmar que las cifras presentadas en los informes financieros sean razonables y confiables.
La Contraloría ha explicado que esta situación se debe a debilidades estructurales en el control interno, inconsistencias en los registros contables, falta de análisis que respalde los saldos reportados y deficiencias en la evidencia documental proporcionada por las instituciones. Estas falencias han impedido verificar la correcta utilización de los recursos públicos.
De los recursos involucrados, que equivalen a aproximadamente 15,9 billones de pesos chilenos, alrededor del 91% corresponde a organismos del Gobierno Central, mientras que el 9% restante se atribuye a municipalidades. Esto pone de manifiesto la magnitud de las deficiencias en la administración financiera del Estado.
La revisión realizada por la Contraloría incluyó la evaluación de partidas como transferencias, cuentas por cobrar, activos no acreditados y gastos sin respaldo contable adecuado, entre otros aspectos que obstaculizan la transparencia y la rendición de cuentas. La CGR advirtió que estas deficiencias no solo limitan la capacidad de evaluar la gestión pública, sino que también pueden debilitar la confianza de los ciudadanos en la administración del Estado.
