El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a dos magistrados de la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), Gocha Lordkipanidze de Georgia y Erdenebalsuren Damdin de Mongolia, por su participación en un fallo que afecta a Israel.
La medida, anunciada por el Secretario de Estado Marco Rubio, incluye la prohibición de entrada a territorio estadounidense para los jueces y sus familiares directos, así como el congelamiento de activos financieros bajo jurisdicción estadounidense. Esta acción se basa en la Orden Ejecutiva 14203, que permite sancionar a individuos u organizaciones extranjeras involucradas en investigaciones o procesos de la CPI contra ciudadanos de países que no han dado su consentimiento, en este caso, refiriéndose a las “personas protegidas”.
La decisión de sancionar a Lordkipanidze y Damdin se relaciona con un reciente fallo de la CPI que desestimó una apelación presentada por Israel. La defensa israelí había solicitado que el tribunal emitiera una nueva notificación formal sobre los hechos ocurridos tras el 7 de octubre, argumentando que había vicios de procedimiento. Sin embargo, la Corte consideró que la notificación previa de 2021 abarcaba los eventos futuros, y tanto Lordkipanidze como Damdin votaron a favor de rechazar la apelación, lo que llevó a la imposición de las sanciones.
Estas sanciones son la tercera fase de medidas adoptadas por la administración estadounidense en el contexto de las disputas legales relacionadas con el conflicto en Gaza. Las sanciones anteriores se iniciaron en febrero de 2025, cuando se sancionó al ex fiscal jefe Karim Khan, y se ampliaron en junio del mismo año a otros jueces de la CPI. En agosto de 2025, se añadieron más jueces a la lista de sancionados, incluyendo a Kimberly Prost de Canadá y Nicolas Guillou de Francia.
La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes, que agrupa a los delegados del Estatuto de Roma, emitió una declaración en la que calificaron las sanciones como intentos de obstaculizar el ejercicio independiente de las funciones judiciales de la Corte y su personal. Rubio, por su parte, reafirmó que ni Estados Unidos ni Israel son signatarios del Estatuto de Roma, y por lo tanto, no reconocen la jurisdicción de la CPI, indicando que el gobierno continuará respondiendo con sanciones ante lo que consideran una extralimitación de la Corte.
